Embarazo

La preocupación demográfica en torno al tema señala que 20 por ciento de

las mujeres latinoamericanas inician la maternidad antes de los 18 años y 40 por

ciento antes de cumplir los 20 (Population Reference Bureau, 1992); que en

nuestro país, para el año 2000, 55 por ciento de las y los jóvenes de 15 a 29 años

han tenido relaciones sexuales y 35 por ciento han estado embarazadas o han

embarazado a alguien (Instituto Mexicano de la Juventud, 2000); y que, según

las estadísticas vitales, 16 por ciento de los nacimientos anuales provienen de

madres adolescentes, quienes aportan una cifra aproximada de 450 000 embarazos

anuales al total nacional (Welti, 1992).

Por su parte, los programas diseñados para posponer la llegada del primer

hijo y así retrasar el embarazo temprano no han tenido los efectos deseados,

debido a que, a nuestro parecer, es todavía insuficiente e inadecuada la

educación sexual en nuestro país, en tanto que sigue teniendo una fuerte carga

biológico-anatómica que no atiende los aspectos de mayor interés de las y los

adolescentes acerca de la sexualidad; a que no se ha diseñado un programa

integral de formación de los docentes en el tema (Tuñón et al., 2004); a que las

campañas de planificación familiar están destinadas a las parejas casadas o

unidas, lo que excluye a una gran cantidad de adolescentes que, manteniéndose

solteras y solteros, tienen vida sexual activa (Tuñón y Nazar, 2004), y

fundamentalmente, a que siguen teniendo vigencia una serie de normas

hegemónicas de género que impiden el empoderamiento de las mujeres, su

acceso al placer y la regulación de la propia fecundidad.

Siguiendo a Stern (1995, 1997, 2001), Szasz (1998a y 1998b) y Schmukler

(1998), consideramos que resulta fundamental no generalizar como problema el

embarazo en adolescentes, sino comprender los contextos particulares en los que

éste sucede; incorporar la perspectiva de género en el análisis como condición

para lograr una mejor comprensión de los comportamientos juveniles de cara a

la obligatoriedad de cumplir con las normas genéricas dominantes en la

sociedad, y diseñar políticas públicas asertivas y programas particulares de

educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y apoyos para la asunción

de la maternidad y patenidad.

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