La Ley General de Víctimas en México, un esfuerzo legislativo para atender la necesidad de justicia que demanda nuestro país

La Ley General de Víctimas en México, un esfuerzo legislativo para atender la necesidad de justicia que demanda nuestro país

INTRODUCCIÓN

“…Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate^[1]…”

“…Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar al máximo posible su vida y su integridad física y psicológica^[2]…”

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es un órgano de la Administración Pública Federal, el cual surge a través de la aprobación de la Ley General de Víctimas, aunque más tarde abordaremos a detalle este proyecto legislativo y al organismo antes mencionado, quisiera comenzar con las recomendaciones que brinda el Gobierno Federal para atender una emergencia en caso de desaparición de una persona, siendo como punto principal la pronta actuación de la familia, que a su vez permite actuar a las autoridades.

La CEAV resumen en tres sencillos pasos el “Manual de usuario” para reportar a una persona que ha sido desaparecida^[3]. En primer lugar lo que se debe de hacer es solicitar el apoyo urgente a las instituciones de seguridad pública del lugar más cercano que tenga la persona, de esta manera permitirá que las autoridades puedan comenzar una “búsqueda inmediata”^[4]. Acto seguido, se tendría que asistir al Ministerio Público para poder dar inicio a la denuncia correspondiente, pensando en que será recibida de manera inmediata y sin necesidad de esperar por algún tiempo. Finalmente, existe una salvedad en caso de que la persona sea menor de edad, pues se puede activar la “ALERTA AMBER^[5]”

¿Por qué comenzar con esta serie de pasos? Porque la desaparición de personas en nuestro país es algo común, algo a lo que los ciudadanos nos hemos ido acostumbrado poco a poco, e incluso a ver este grave problema como algo común. Ya es poca la importancia que le dan las personas a las noticias en donde hay decapitados, secuestros que terminan en homicidios, niños que se unen a las filas del crimen organizado y pierden la vida en balaceras, la captura de diferentes “cabecillas del narco”, etc. Han sido tantas y tantas cosas, que en México ya no nos sorprenden este tipo de noticias.

DESARROLLO

El 1º de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto, quien se había desempeñado como gobernador de una de las entidades federativas más complicadas del país, como lo es el Estado de México, asumió la Presidencia de la República; el escenario: un país que había sido asolado por la violencia que se relaciona directamente con el crimen organizado y el narcotráfico, la cual reportaba ya 60,000 mexicanos que habían perdido la vida en el periodo de 2006-2012.

Este combate frontal en contra de uno de los graves problemas que nos afecta como sociedad había sido iniciada por su predecesor, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa^[6], los resultados fueron de lo peor. Digamos que desde un punto de vista crítico, realmente se contuvo por un momento a los principales cáteles de la droga en el país y se enfrentó al nuevo surgimiento de organizaciones delictivas nuevas^[7] las cuales se “peleaban las plazas” y es precisamente eso lo que ocasionó una serie de muertes a gran escala, no podríamos culpar al gobierno de algo así.

Por otro lado, se generó un gran incremento de la violación a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas de seguridad, a las cuales se encomendó la tarea de comenzar el enfrentamiento de manera frontal a estas organizaciones. Vaya ironía del gobierno Calderonista, quien su Secretario de la Defensa, Gral. Galván Galván se mantuvo durante todo su sexenio. Además en lugar de reforzar las acciones y estrategias implementadas para reforzar la seguridad pública, estos abusos sólo aumentaban la sensación de violencia, terror y caos que se vivía en México.

Fueron cinco años en los que el Presidente de la República negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido abusos, a pesar de que cada vez las evidencias que se exhibían en redes sociales y medios de comunicación demostraban lo contrario. Finalmente el año seis de su gobierno, reconoció que se habían violado “algunos” derechos humanos y se tendría que actuar al respecto para eliminar las prácticas abusivas cometidas por mismos elementos de la seguridad. Sin embargo, lo que había sido la obligación fundamental de asegurar que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías, militares y en menor grado marines, fueran investigadas, juzgadas y sancionados los responsables, nunca se cumplió.

La herencia de Felipe Calderón a su sucesor, Enrique Peña no fue la mejor, incluso se hablaba al inicio de su sexenio sobre el Mexican Moment, el tiempo de cambiar que había llegado, sin embargo en ningún momento del sexenio ha habido caso más urgente que el de las personas que han sido llevadas en contra de su voluntad, y que no hay información exacta sobre el paradero que guardan ¿secuestro, violación, desaparición forzada? No se sabe. La característica distintiva de este tipo de delitos es que mientras el Estado ignore cuál ha sido el destino de la víctima, se seguirá sobre la misma línea, políticas sinsentido que no resuelven el problema de fondo.

Una de las Organizaciones de la Sociedad Civil más importantes en materia de derechos humanos como Human Rights Watch tiene un registro de casi 250 desapariciones forzadas que se han dado desde el año 2007^[8]. De esos 250, 140 casos se han documentado con evidencias que sugieren que fueron desapariciones cometidas por el propio Estado, es decir, hubo o hubieron actores del gobierno que tuvieron participación de manera directa o indirecta. 110 de los casos no hubo una determinación concreta si es que el Estado participó, aunque no se excluye la posibilidad de que así haya sido.

De acuerdo con el mismo informe de Human Rights Watch no hubo una respuesta adecuada por parte de las autoridades, debido a que en ningún momento se adoptaron medidas oportunas ni exhaustivas para dar con el paradero de las víctimas o investigar lo que ocurrió. Realmente existió un bajo porcentaje en donde los agentes del Ministerio Público verdaderamente tomaron medidas básicas de investigación que son cruciales para encontrar a las personas que han sido reportadas como desaparecidas.

Varias ocasiones, las mismas autoridades del Estado son las que se encargan de insinuar o sugerir que las víctimas tienen la culpa de su desaparición, de hecho son varios los casos que se mencionan en el reporte en donde los mismos familiares tuvieron que encabezar la búsqueda por su propia cuenta. Una situación que ya no es novedad en nuestro país, es cuando las autoridades del MP deciden tomar cartas en el asunto, se ven frustrados sus esfuerzos al verse contrarrestados por omisiones, tardanza en las respuestas o errores dentro del procedimiento. Además en la búsqueda e investigación hubo que superar obstáculos estructurales^[9].

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