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INFORME: LEY UNIVERSITARIA

No ha pasado un semana desde que el pleno del Congreso aprobara la nueva ley universitaria y ya se ha desatado una claro enfrentamiento entre sus impulsores y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Ayer su presidente, Orlando Velásquez, fue duro al señalar que la norma, que aún no ha sido promulgada, “pone de rodillas” a las universidades ante del Poder Ejecutivo.

Según Velásquez, al crear una superintendencia que esté adscrita al Ministerio de Educación, los gobiernos de turno tendrán el control para dar licencias, cerrar y cuestionar a las universidades.

Incluso, el titular de la ANR mencionó que al promover la elección universal dentro de los campus solamente se beneficiará a grupos prosenderistas como el Movadef.

Ante esta posición de los rectores, el Ejecutivo no dudó en responder. Fue el primer ministro, René Cornejo, quien sostuvo que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) no viola la autonomía de los centros de estudios.

“Muy por el contrario la ley no viola la autonomía universitaria; la Constitución ordena que sea el Estado quien vele y cautele que la educación universitaria sea la adecuada”, afirmó.

El primer ministro puntualizó que la supuesta violación a la autonomía no tiene sustento porque, según indicó, la Sunedu no interferirá en la gestión y funcionamiento de una universidad como se teme.

Estas posiciones encontradas solamente son el inicio de un extenso debate sobre las incidencias de la nueva ley universitaria. Aún falta que el Poder Judicial se pronuncia sobre las acciones de amparo que buscan dejar sin efecto la iniciativa del peruposibilista Daniel Mora.

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