Movimiento Social

Movimientos Sociales, Estado y poder en América Latina.

Martes 24 de marzo de 2009, por María Virginia Quiroga

Las experiencias de movilización social que se propagaron en el subcontinente hacia mediados y fines de la década del 90, supusieron un redescubrir de identidades previamente ocultas o invisibilizadas, y convocaron a la sociedad a recomponerse tras el avasallamiento neoliberal y los fuertes cuestionamientos a sus principales interlocutores (partidos y sindicatos tradicionales).

Siguiendo a Dávalos (2006) la presencia de sujetos colectivos en espacios públicos refiere a que empiezan a dar batalla en un terreno reservado exclusivamente a las elites tradicionales: el congreso y el ejecutivo, aunque habría movimientos sociales que se expresan en el espacio público sin necesariamente llegar hasta esas instancias. Podríamos decir que primero ganan la calle y la plaza para manifestar su descontento y mostrar su desacuerdo con las formas de ejercicio del poder que sostiene el statu quo. Luego se desplazan a los sitios de gobierno para intentar introducir los cambios necesarios o practican modos autónomos y alternativos al interior de sus comunidades.

Sin embargo, creemos que más allá de que algunos movimientos sociales se inclinen a participar en los procesos electorales y otros prefieran proponer construcciones independientes y alejadas del gobierno, necesariamente guardan relación con el poder institucional.

De allí que en el presente artículo nos interesa centrarnos en la relación que se establece entre movimientos sociales y Estado en el siglo XXI, repasando cómo ha sido tratado ese vínculo por las diversas perspectivas que se han dedicado al abordaje de la acción colectiva y los movimientos sociales. Con tal fin repasaremos los postulados de algunos de los autores de las teorías centrales (europea y norteamericana), de la corriente autonomista (encarnada en John Holloway y Tony Negri) y objeciones desde los análisis de Atilio Borón y también de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau.

La explicitación de una relación: movimientos sociales y Estado en la América Latina del siglo XXI.

A partir de los últimos años de la década del 90 las consecuencias del neoliberalismo se hicieron claramente visibles. Organizaciones emergentes, renovadas formas de lucha, nuevos métodos de construcción política, se fueron constituyendo como los protagonistas casi exclusivos de la resistencia. El creciente proceso de movilización social hacía eco del hartazgo de un capitalismo desenfrenado y un sistema político que parecía negar, omitir e invisibilizar demandas de distintos sectores sociales. Éstos se vieron fuertemente golpeados por el modelo imperante y reaccionaron buscando nuevos canales de reivindicación.

Con anterioridad al advenimiento del siglo XXI, por un lado se encontraba el espacio público de la confrontación y la competencia electoral reservado a los partidos políticos; y de otro el escenario para la demanda, la presión y la negociación reservado a los movimientos sociales, fuertemente dominado durante décadas por una fisonomía corporativa.

Tras el inicial encantamiento con la experiencia zapatista de 1994 y algunas expresiones del autonomismo, los movimientos fueron redefiniendo sus formas organizativas y planteamientos políticos. Como expresa Oliver Costilla (2007: 3): “(…) conquistaron un espacio de reconocimiento social y eso llevó a su aceptación mayor por las fuerzas políticas e institucionales, así como a que dichos movimientos asumieran roles políticos constructivos”.

Los movimientos sociales parecieron alejarse cada vez más de una visión autonomista y autolimitante. Así, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, la acción social colectiva adquirió una naturaleza más sociopolítica, en el sentido de irrumpir en el espacio de la política institucional y disputar al gobierno neoliberal la prerrogativa de decidir. Esta “politización” de los movimientos sociales otorga mayor relevancia a nuestro tema de investigación, ya que hace más explícita la correlación entre éstos y los sistemas políticos. (Mirza, 2006: 43).

Esta situación se hizo más evidente aún cuando hacia los primeros años del siglo XXI comenzó a hablarse de una nueva ola de gobiernos de tinte progresista en el subcontinente: desde el arribo de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998, luego Lula Da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay e incluso las elecciones en 2005 de Michel Bachelet en Chile y Evo Morales en Bolivia. (1)

Podríamos decir que el férreo accionar de los movimientos sociales durante los 80 y 90 repercutió en la reconfiguración del mapa político latinoamericano a principios de siglo Tal como expresa Ramírez Gallegos (2006: 34) los movimientos contribuyeron a generar un recambio de cuadros, “más plebeyos y populares”. Aportaron al aparato gubernativo un conjunto de dirigentes sociales, militantes y técnicos provenientes de sectores sociales desfavorecidos y marcados por su extracción de clase o por su etnia y color de piel.

Es por ello que en nuestro contexto actual la relación entre movimientos sociales y Estado, adquiere una importancia central. Ocuparnos del análisis de las implicancias de ese vínculo supone acercarnos a la comprensión de las configuraciones y devenires de esa heterogeneidad de países y clivajes que denominamos América Latina.

Como sostuvimos al comienzo de este trabajo creemos que el modo de relacionamiento de las expresiones de acción colectiva con el Estado resulta clave para analizar la irrupción de los movimientos sociales y comprender un eventual paso de la plaza principal a las sedes de gobierno de un país.

Proponemos entonces abordar con detenimiento cómo distintas perspectivas y en particular algunos autores han tratado la relación entre movimientos sociales, Estado y poder.

Los teóricos de la Movilización Política (2) (Charles Tilly, Dough Mc Adams, Sidney Tarrow) fueron los que más se dedicaron al abordaje de esta relación. Buscaban explicar el surgimiento de movimientos sociales concretos en base a los cambios en la estructura institucional, por lo que recurrieron a la noción de estructura de oportunidad política, la cual fue objeto de numerosas críticas por pensarse en términos cuasi mecánicos o estáticos.

Para ellos el cambio en las oportunidades reduciría los costos de actuar colectivamente, revelando un momento crucial de debilidad del oponente. Así, la gente se involucraría en la acción colectiva cuando los patrones de oportunidad política y constreñimientos cambian.

Se objeta a la idea de “oportunidad

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