Naturaleza de la protección del consumidor

En lo que respecta a la naturaleza de la protección del consumidor, la derogatoria de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y una insuficiente instrumentalización técnica de esta materia deja un enorme vacío en el derecho al consumo y de protección al consumidor.

De hecho, a lo largo de la redacción de la Ley Orgánica de Precios Justos parece haberse prestado especial atención a las disposiciones y normas referidas al control de precios y de ganancia y a la prohibición de ciertas conductas tipificadas como ilícitos económicos. Sin embargo, en materia de regulación de protección al consumidor la ausencia es notable no solo con respecto a lo que la jurisprudencia internacional reconoce como derechos básicos y su desarrollo vía normas y disposiciones, sino igualmente con respecto a aquellos principios que llegaron a estar desarrollados en la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Las normas o disposiciones que adolecen de insuficiencia, ausencia o vacío legal son a saber, de forma no exhaustiva:

Normas y Disposiciones de Protección Material (normas de etiquetado, de información, publicidad, promoción y sorteos, garantía de bienes durables, etc.).

Normas de Régimen Procedimental (arbitraje de consumo, acciones colectivas, beneficio de la justicia gratuita).

Normas de Promoción y Fomento (fomentar y apoyar las asociaciones de consumidores, financiación de programas de información o educación).

Más allá, luce contradictorio que por un lado la Ley que debería tutelar la materia de protección al consumidor adolezca de un insuficiente desarrollo en su instrumentalización técnica y en sus normativas y disposiciones específicas; y por el otro lado se produzca un fenómeno de inflación regulatoria por medio de la aprobación de normas específicas referidas a sectores económicos particulares o a grupos particulares alegándose la protección de los consumidores.

En el derecho comparado suele identificarse tres modelos del derecho del consumo y/o de protección al consumidor[1]:

1. Modelo de Unificación Normativa del Derecho del Consumo: Consiste en integrar la mayor cantidad de disposiciones y derechos del consumidor en una única Ley, armónica y amplia.

2.

Modelo de coexistencia de una ley general con legislación protectora sectorial: Consiste en una norma general complementada por medio de normativas sectoriales que contengan disposiciones que obedecen al derecho del consumo o de protección al consumidor.

3.

Modelo de Protección a través de normas sectoriales: Consistiría en un modelo de protección del consumidor por medio del desarrollo y aprobación de numerosas normativas sectoriales con disposiciones consumiristas[2] o de protección del consumidor final.

En el caso venezolano, más

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