Basura Electrónica

En la actualidad la telefonía celular alcanzó -en los países desarrollados- su máximo nivel de saturación con un 100% de penetración en el mercado. A nivel mundial se calcula que existen 5000 millones de abonados al servicio de telefonía móvil con un crecimiento de 1000 millones de celulares por año. La tendencia en aumento continúa en los países en vías de desarrollo con un crecimiento del 20% anual y sin señales de disminuir.

En los últimos dos años, Argentina alcanzó un alarmante nivel de descarte de celulares: se desecharon casi 10 millones de aparatos de telefonía móvil por año, es decir, el 30% del parque actual de 34 millones de líneas en servicio. A su vez, los niveles de descarte aumentaron cuatro veces en los últimos cinco años.

En nuestro país, se recicla menos del 2% del total de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) colocados en el mercado y entre el 4% al 6% de los RAEE proveniente del sector tecnología, según estimaciones de uno de los operadores habilitados del país. De acuerdo a esto, los niveles de reciclado y recuperación son mínimos si tenemos en cuenta las más de 120.000 toneladas anuales de residuos electrónicos que se generan en el país.

Los celulares contienen metales pesados y sustancias químicas tóxicas persistentes que contaminan el medio ambiente y afectan a la salud, en especial a los recuperadores informales que los manipulan sin la protección adecuada; además, muchos de sus componentes poseen materiales que son muy valiosos y podrían recuperarse en vez de disponerse en rellenos sanitarios o en basurales a cielo abierto. Uno de los elementos con mayor potencial de contaminación son las baterías recargables.

Es indispensable, por tanto, establecer un sistema de gestión de este tipo de residuos, bajo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que promueva mejoras ambientales en el ciclo de vida completo de los productos, extendiendo la responsabilidad del fabricante desde la producción hasta el tratamiento una vez finalizada la vida útil del producto (recuperación, reciclaje y disposición final).

Greenpeace advierte sobre la necesidad de una Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Tratamiento de Residuos Eléctricos y Electrónicos para crear de manera urgente una infraestructura especial de reciclaje y recuperación de materiales, que establezca la Responsabilidad Individual del Productor (RIP) -legal y financiera- y prohíba la presencia de sustancias peligrosas en los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos, además de asegurar una mayor durabilidad de los productos.

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