El Gobierno Electrónico En Venezuela: Balance Y Perspectivas

En el marco de dicho modelo, el Gobierno Electrónico no es percibido como panacea para resolver problemas de transparencia, eficacia y eficiencia de la Administración, sino como un enfoque potencialmente útil para transitar el camino hacia una genuina democracia. Por ello, el proyecto de Gobierno Electrónico, emerge como una política de Estado, prioritaria, novedosa y compleja que sirve de plataforma conceptual a los procesos de transformación que impulsa la Administración a través del Ministerio del

Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, como ente encargado de coordinar y controlar los planes y desarrollo de Gobierno Electrónico en Venezuela, y como máximo órgano rector en la materia. El objetivo fundamental del GE en Venezuela es apoyar la constitución de un nuevo modelo de Estado definido en el nuevo marco constitucional y de un nuevo modelo de gestión en el proceso de transformación del Estado. Los objetivos del Gobierno Electrónico son:

a. Aumentar la capacidad de gobierno.

b. Propiciar el control social y establecer la corresponsalía como un nuevo esquema de relación entre el ciudadano y el Estado.

c. Contribuir mediante el uso intensivo de las TIC a racionalizar las tramitaciones públicas, logrando una mayor celeridad y funcionalidad.

d. Reducir los gastos operativos en que incurren los organismos públicos y obtener así ahorros presupuestarios que permitan cubrir insuficiencias de carácter fiscal, mejorando las relaciones administración pública-ciudadano.

e. Establecer un modelo de arquitectura más horizontal, empírico y endógeno, que vincule y permita el acceso y la interoperatividad sistémica de la información de las diferentes instituciones del Gobierno hacia el ciudadano.

f. Proveer de mayor acceso a la información gubernamental.

g. Sistematizar la responsabilidad y transparencia en los procesos de la

(Administración Pública).

h. Ser un país integrado, eficiente y competitivo en el ámbito regional e internacional, que garantice a todos los ciudadanos el acceso democrático a los beneficios y oportunidades generados por la sociedad de la información, las comunicaciones y las tecnologías.

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