Iniciativas Juridicas En Materia De Informatica

Aprueba el Congreso reforma penal para castigar fraude cibernético,phishing, lavado de dinero y otros delitos informáticos

• Se sancionan conductas que atentan contra bienes, medios y sistemas informáticos, personas y su patrimonio, e instituciones como el Estado, financieras y otras.

• Incluye penas a actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas, la divulgación ilícita de información, los delitos cometidos contra la paz y la seguridad de las personas entre los que se encuentran las amenazas y los delitos patrimoniales como el fraude y la extorsión, en los casos que dichos delitos se cometen mediante el uso o empleo de los medios o sistemas informáticos.

• La iniciativa, presentada por los diputados Rodrigo Pérez-Alonso y Juan José Guerra Abud, coincide con las prácticas y convenios internacionales en materia de prevención y combate de los delitos informáticos.

• “La histórica aprobación de estas reformas y adiciones en el Código Penal Federal, ponen a México al día en materia de persecución de delitos cibernéticos, y responde a la urgencia de actualizar el orden jurídico a las exigencias que impone el avance tecnológico, y dar herramientas a las autoridades para contener la comisión de dichos ilícitos”: Pérez-Alonso.

México, D.F., a 28 de marzo de 2012. Durante la sesión ordinaria de este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en las que se establece la tipificación como delitos informáticos, de ciertas conductas que van en contra de los medios o sistemas informáticos, contra del patrimonio, la seguridad de las personas y de las instituciones del Estado e instituciones financieras en particular, cometidos mediante el uso de dichos sistemas.

La iniciativa, presentada por los diputados Rodrigo Pérez-Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital y Juan José Guerra Abud, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, establece que el empleo de herramientas informáticas ha propiciado un impulso al desarrollo y competitividad de los países; facilitan oportunidades de interacción en los distintos ámbitos de la vida social, política, económica y productiva de personas e instituciones; promueven la rapidez y eficiencia de servicios y la transmisión inmediata de información entre usuarios, gobiernos y diversos sectores de la sociedad.

El Dip. Rodrigo Pérez-Alonso explica: “Sin embargo, también ha propiciado la comisión de nuevos tipos de delitos. Sin estos ajustes en el Código Penal, los ciudadanos están expuestos ante personas sin escrúpulos que aprovechando los vacíos legales, lesionan impunemente el patrimonio y la tranquilidad de particulares y del Estado mismo, a través de estas herramientas, por lo que es urgente actualizar el catalogo de delitos y establecer penalidades que correspondan a dichas actividades delictivas”.

En las reformas merece especial atención el tratamiento que se da a los delitos que afectan los derechos de menores de edad y de personas que no tienen capacidad de comprender el significado de un hecho, o bien que no tienen capacidad para resistirlo. En este rubro se incluye la tipificación de delitos como pornografía infantil, trata de personas, turismo sexual y corrupción de menores, duplicando la pena convencional cuando para cometer delitos de esta naturaleza se empleen recursos informáticos.

Adicionalmente, impone sanciones más severas a quien emplee sistemas y medios informáticos en delitos como lasamenazas y e ilícitos patrimoniales como la extorsión y el fraude, así como los beneficios que de éste se obtengan. Actualmente, la creación de sitios falsos para que los usuarios revelen datos privados, bancarios y contraseñas, conocido como Phishing, es de alta incidencia en México y en el mundo.

Se penalizan también el acceso y la intervención ilícitas en medios y sistemas informáticos, el robo de identidad y la utilización indebida de dispositivos para tales fines, en el caso de que dichas actividades atenten en contra de sistemas informáticos del Estado, del sistema financiero, o de cualquier otra institución o persona.

El decreto señala, finalmente, penas específicas a quien haga uso de medios electrónicos del sistema financiero en delitos vinculados con el lavado de dinero y el encubrimiento de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, brazo fundamental de las operaciones de la delincuencia organizada.

“Tenemos que asegurar que la informática y las comunicaciones sean empleadas de forma segura como una herramienta de desarrollo y competitividad, para la generación de conocimiento y riqueza social, dijo el diputado Pérez-Alonso, y esto implica impedir que la tecnología sirva a los delincuentes para sus labores”. Agregó que con estas reformas se solucionan los vacíos legales que hoy obstaculizan la masificación de las tecnologías y se aplican castigos ejemplares a los delincuentes cibernéticos.

Datos de una encuesta internacional elaborada por una prestigiada empresa de seguridad informática, indican que el monto que erogaron los adultos en 24 países por las actividades del llamado Cibercrimen, superaron los 388 mil millones de dólares, una tercera parte debido a las afectaciones patrimoniales causadas por el robo de bienes y la inversión en solucionar ataques, y las otras dos terceras partes por el valor del tiempo productivo perdido por inactividad de la infraestructura.

En México, según un Informe de la Secretaría de Seguridad Pública, la policía cibernética atendió casi seis mil denuncias ciudadanas relacionadas con delitos cibernéticos, entre septiembre de 2010 y julio de 2011. El reporte indica que las denuncias más comunes fueron el fraude al comercio electrónico, una modalidad de fraude llamadophishing, así como una tendencia de crecimiento de los delitos contra menores de edad, entre las que se encuentran la pornografía infantil y la trata de personas.

“En la propuesta de reformas se incluyeron la mayoría de las conductas delictivas señaladas en convenios internacionales como el Convenio de Budapest,

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