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Políticas Públicas para el Medio Rural

Recientemente en México se ha visto la necesidad de tomar lo rural desde una perspectiva amplia y descentralizada que tenga repercusión sectorial que incluya el ordenamiento territorial y la operación de las políticas públicas para detonar el desarrollo rural.

Para que las políticas sean exitosas, es necesario que en los tres niveles de gobierno exista una buena coordinación y acuerdos básicos entre la sociedad. Sin embargo existen conflictos en dirigir las políticas públicas que distinguen a los agronegocios. Ya que por un lado se considera a la empresa rural que dentro de la misma existe una tipología diferenciada que abarca a los pequeños productores hasta las grandes empresas y donde requieren de diferentes estrategias y mecanismos para cada uno. Y por otro lado, se tiene a las medianas y grandes empresas que clasifican con estrategias de desarrollo económico productivo y a las empresas pequeñas familiares las clasifican dentro de la política social. Todo esto hace que se generen instrumentos asistenciales que fracasan al analizar la relación costo-beneficio de la inversión pública (Echeverri, 2009).

Como ya se había mencionado anteriormente, la política rural en México ha venido buscando integrar sus acciones en las diferentes secretarías y en los diferentes niveles de estado. Esto se fundamenta en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) que fue aprobada en el 2001 y plantea un órgano federal para la coordinación horizontal en política rural. Dentro del Programa Especial Concurrente (PEC), se generan dos políticas muy importantes, las de combate a la pobreza y la de soporte productivo. Otras políticas federales impactan en la infraestructura básica y productiva y ambiental, agraria y laboral (OCDE, 2007).

El sector agrario está conformado primeramente por la cabeza del sector que es la SRA dependencia del Gobierno

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