REPORTAJE// EL NEGOCIO de los carros robados

REPORTAJE// EL NEGOCIO de los carros robados

Retraso en la entrega de vehículos siniestrados o involucrados en delitos sirven de caldo de cultivo para alimentar los negocios irregulares de estos establecimientos, aseguró el ministro de Interior y Justicia. Las autoridades se debaten en torno a sobre quién recae la responsabilidad del auge de estas mafias.

Sabrina Machado / Caracas

“El sistema está hecho para que las personas no conozcan de la recuperación de los vehículos”, así de contundente se expresó un funcionario del Ministerio Público, tras explicar el negocio redondo que existe detrás de los estacionamientos judiciales, el robo y hurto de vehículos y la declaración de pérdida total por parte de los seguros privados de los automóviles siniestrados.

El funcionario señaló que durante años, el sistema propuesto por las autoridades ha visibilizado el auto recuperado, ya sea por “inoperancia o por conveniencia”. Al mismo tiempo, afirmó que la Fiscalía fue el primer organismo en hacer visible este problema, publicando la información en su página web www.mp.gov.ve —Listado de vehículos solicitados—, con un buscador inteligente para facilitar el proceso.

“Los listados del Cicpc son larguísimos, no disponen de buscadores, y además no te dicen dónde está el auto, en qué estacionamiento se encuentra, a diferencia de la página web de la Fiscalía, que sí aporta estos datos. Quizás algún funcionario pueda llamarte, pero si no te consigue, ¿cómo te enteras que las autoridades recuperaron el carro?”, cuestionó el funcionario, al señalar que era un sistema muy poco práctico. Justo esta cadena, cuyos eslabones van entrelazados con procesos engorrosos, falta de funcionarios investigadores y peritos para realizar las experticias, meses de espera para la liberación de los vehículos y altos costos de los estacionamientos, alimenta el mercado ilegal de repuestos y favorece el caldo de cultivo para las bandas dedicadas al robo y hurto de automóviles.

Desde hace dos meses, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, en compañía de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo de Justicia, emprendió una serie de allanamientos en distintos estacionamientos judiciales, localizados a lo largo y ancho del país. Él propósito de estas actuaciones es inspeccionar la condición de los autos, que se encuentran a la espera de la entrega a sus propietarios, y si los estacionamientos cumplen con los requisitos para actuar como depositarios judiciales. En ocho procedimientos se han recuperado más de 20 mil autos.

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