ADMINISTRACION PUBLICA EN GUATEMALA

ADMINISTRACION PÚBLICA EN GUATEMALA

Tradicionalmente la sociedad ha tenido una drástica segmentación producto de muy desiguales accesos a la riqueza, la educación y el status social, mezclados con muy profundas diferencias étnicas. Lo étnico y lo económico social tienden a fusionarse. Los indígenas constituyen la población más pobre de la sociedad. Y en las cúspides del poder económico, político, social o cultural casi siempre habitan guatemaltecos de procedencia blanco mestiza. Los puentes entre los distintos estratos de esa sociedad tan diferenciada han sido débiles o inexistentes.

Los sectores poderosos de la tierra, el comercio, la industria y la banca tienen articulaciones añejas con el poder militar y juntos han controlado en medida considerable el poder político, sea éste ejercido por civiles electos o militares dictadores. Los otros segmentos subordinados de la sociedad civil tienen también algún grado de organización y capacidad de movilización pero su articulación con los poderes estatales ha sido muy débil.

Los partidos políticos como espacio de agregación de intereses diversos y heterogéneos capaz de intermediar entre el poder y la sociedad atraviesan hoy por una profunda crisis. En todos ellos hay descomposición, divisionismo y en todos los que han hegemonizado la vida política en los últimos 17 años florecen tendencias que rápidamente se transforman en nuevos partidos políticos. Esa tendencia a la atomización de las organizaciones partidarias deja al Estado sin mediaciones políticas con la sociedad.

Por esa razón los canales de interlocución tienden a sustituirse por espacios de presión o toma y daca entre el Estado y los poderes fácticos que tan importante papel tiene en la sociedad (oligarquía, ejército, medios de comunicación) a lo que hay que agregar la presencia cada vez más envolvente del crimen organizado en distintas esferas del poder económico, militar y político.

Los movimientos sociales tradicionales se debilitan en Guatemala como en otros países (sindicatos, organizaciones campesinas). Pero hay, con presencia visible o en estado latente, nuevos actores sociales que deben ser tomados en cuenta para que la concertación no sea exclusivamente con los sectores cupulares de la sociedad. El movimiento por los derechos humanos tiene una presencia importante en la vida política. Las mujeres, los indígenas y los migrantes son actores sociales de una enorme potencialidad, que vinculados con otros, como los pobladores, pueden contribuir a diversificar la estructura social del poder, permitiendo que el Estado procure una interlocución plural con la sociedad.

Otro actor fundamental de la vida guatemalteca es la comunidad internacional. Las embajadas de Estados Unidos, México, Taiwán, Japón, la Unión Europea y la MINUGUA son actores fundamentales en el quehacer político.

Con este conjunto de instituciones, partidos, poderes fácticos y actores sociales heterogéneos y con pocos canales de comunicación entre sí, con una cultura política orientada a la ruptura, ante la incapacidad de administrar los disensos y con una tradición de defensa estrecha de intereses sectoriales que difícilmente se agregan y combinan para objetivos comunes, es con lo que hay que lidiar en Guatemala para buscar la gobernabilidad que preserve la democracia y permita el cumplimiento de los acuerdos de paz.

III

Todo gobierno democrático requiere de acuerdos de gobernabilidad. Pero su sentido y, sobre todo, su urgencia depende de las condiciones específicas del país y de la coyuntura particular que la sociedad viva.

En Guatemala hay síntomas de agotamiento de todas las instituciones que constituyen la estructura del sistema democrático. Las encuestas revelan desde hace varios años que la sociedad pierde crecientemente la confianza en que la democracia pueda resolver adecuadamente sus problemas de empleo y salario, pobreza y desigualdad, inseguridad ciudadana y jurídica, calidad de la educación y eficiencia de los servicios públicos. Las mismas encuestas reflejan que los actores principales del funcionamiento democrático (Congreso, gobierno, sistema judicial, partidos políticos e incluso los medios de comunicación y la cúpula empresarial), tienen una baja valoración en la ciudadanía.

Sólo la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral preservan un nivel de respetabilidad en la población. La Iglesia es una de las pocas instituciones que conserva un grado apreciable de evaluación positiva en la sociedad. El ejército no goza de estima, pero supera a varias instituciones democráticas en la valoración que hace la sociedad.

No obstante en Guatemala no ocurre lo que en algunos países latinoamericanos, en donde la gente declara preferir regímenes dictatoriales a los actuales sistemas democráticos. Eso constituye un capital político que es necesario movilizar adecuadamente antes de que se consuma y corra la misma suerte que otros valores democráticos de la sociedad.

En Guatemala no hay tradiciones de oposición política democrática. Lo común ha sido una visión militar o complotista de la política que es el escenario en que se enfrentan adversarios que deben aniquilarse mutuamente. Por eso con facilidad el pequeño núcleo de empresarios que ha liderado las campañas de desestabilización contra el Presidente Portillo ha encontrado rápidamente eco en sectores políticos y sociales.

La necesidad de acuerdos de gobernabilidad ha estado determinada por la posibilidad de que múltiples formas no dictatoriales de desestabilización del sistema institucional son altamente probables y han impregnado la agenda de la coyuntura.

Los diálogos sociales, por otro lado, han tenido un carácter táctico y en general dejan una sensación de frustración entre los participantes. Los diálogos políticos, por otro lado, han sido insuficientes y ante la opinión pública aparecen con un velo de “componenda”. Teniendo el diálogo una importancia determinante para ganar gobernabilidad democrática, es sin embargo un recurso político que ha tenido poca eficacia.

No obstante, nuestra experiencia nos muestra cómo el diálogo coyuntural y sectorial con los sectores populares activa agendas democráticas a la vez que desactiva focos de ingobernabilidad.

Únicamente en el marco de la institucionalidad de la paz, generada por los acuerdos de paz, hemos podido construir acuerdos estratégicos que han sido fundamentales para la democratización del Estado y la amplificación de la participación de la base de la sociedad. Este es el caso de la nueva Ley de Consejos de Desarrollo, el Código Municipal y la Ley de Descentralización, que facilitan la organización de los núcleos de población y reconoce formas y autoridades tradicionales

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