Administración Publica

Históricamente la corrupción es de carácter «consustancial» a la sociedad colombiana1. Este vicio es un mal endémico y sistémico. Ocupamos el séptimo lugar de corrupción en el mundo. El 67% de los contratistas asevera que paga sobornos. Por cuenta de la corrupción los colombianos debemos pagar un promedio de 32% de sobrecostos en el proceso de contrataciones2. De los $29 billones que el Estado Colombiano compra al año en bienes y servicios, por corrupción se pierden más de $9 billones, esto es, una cifra similar al gasto público en educación y salud; en consecuencia, si no fuera por esta patología institucional se podrían duplicar las cifras de cobertura o mejorar la calidad de estos servicios.

De acuerdo con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD- la corrupción constituye un grave problema y una significativa amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades, en la medida en que socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y compromete seriamente el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, además de erosionar la moral de las sociedades y distorsionar las economías y la asignación de recursos para el desarrollo. En el caso colombiano, esta patología3 presenta elementos similares a la situación italiana. Los fenómenos de clientelismo, corrupción, criminalidad organizada y negocios privados, si bien se trata de cuestiones diferentes, se encuentran relacionados y tienen un alcance sistémico, complejo, dinámico y evolutivo. Dinero, poder y violencia fluyen rítmicamente por todos los circuitos hacia un Estado y una economía mafiosas. El estudio adelantado por Caciagli, sobresaliente representante de la academia politológica italiana, nos aporta elementos para la comprensión de la situación colombiana4. Según Caciagli, la corrupción ha resultado ser otra relación de intercambio como el clientelismo y ambas representan una «privatización» de la política claramente contraria a los principios...

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