Analisis De La Ley Del Consumidor

Desde el pasado 30 de mayo de 2008, los consumidores dominicanos tienen en sus manos un nuevo instrumento para hacer valer sus derechos: la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor y el Usuario.

...los prestadores de servicios cuentan con un marco legal que los obliga al estricto cumplimiento de las leyes, disposiciones y reglamentos regulados por disposiciones administrativas, en especial de los servicios públicos.

Con la puesta en marcha de la ley número 263-08, los prestadores de servicios cuentan con un marco legal que los obliga al estricto cumplimiento de las leyes, disposiciones y reglamentos regulados por disposiciones administrativas, en especial de los servicios públicos.

Además, de acuerdo a la nueva legislación, los prestadores de servicios dispondrán, por su lado, de mecanismos efectivos para atender los reclamos de acuerdo al servicio de que se trate.

La Ley regula que las autoridades dispondrán de oficinas y personal calificado para orientar y garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, resaltando que cuando se vayan a realizar inspecciones, se harán en coordinación con representantes de organismos reguladores.

De igual forma, la Ley de Protección al Consumidor establece que los prestadores o proveedores de servicios deberán informar en cada factura del precio total con indicación separada de la partida de impuestos que corresponda pagar al consumidor o al usuario.

Todos los precios de los bienes y servicios serán indicados en moneda nacional y, si el precio se establece en moneda extranjera, se indicará su equivalente en moneda nacional.

Respecto a las reclamaciones por la prestación de servicios, se destaca que si se originan por servicios sectoriales, se harán a las autoridades sectoriales competentes.

No obstante, si los derechos de los consumidores y usuarios no fueran observados, un nuevo organismo, Pro-Consumidor, podrá intervenir disponiendo las medidas correspondientes, Asimismo, la nueva ley garantiza que Pro-Consumidor proteja a los ciudadanos que usen un servicio, garantizando la exactitud de los pesos y medidas usados en las áreas de interés público -instrumentos de pesaje, pesas, sistemas de medición para líquidos medidores de electricidad y taxímetros-.

Estarán también bajo supervisión los termómetros clínicos, instrumentos para medir la presión sanguínea, la protección ambiental y la vigilancia del tráfico, entre otros.

Otras disposiciones establecen que todos los proveedores de productos y servicios están en la obligación de informar y orientar a los usuarios en forma clara, sencilla y precisa sobre el producto o servicio que ofertan y que lo deben hacer en idioma español.

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