Anteproyecto

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICAS Y CRIMINOLOGICAS

Titulo de Proyecto:

“La unificación de la legislación penal en México”

Nombre del Alumno:

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Nivel: Maestría

Objetivo de estudio y su delimitación temporal y espacial:

Objeto de estudio: Unificación de la Legislación Penal en México

Delimitación espacial: México

Delimitación temporal: En la actualidad

Antecedentes del problema de investigación.

El gobierno federal quiere implementar un código único penal y de procedimientos penales que sirvan para unificar bajo un solo esquema los procesos en todo el país, argumentando que así se solucionara una cantidad de problemas que genera la diversidad de procedimientos dentro de un país y que de aprobarse se harán más homogéneos los procedimientos jurídicos.

Al respecto, algunos autores han manejado lo siguiente:

a) En el ámbito de la seguridad y justicia penal, se establecieron seis importantes acciones, a saber: implementar un Plan Nacional de Prevención del Delito; reformar las agencias que componen al subsistema de seguridad pública –Policías–; implementar en todo el Estado mexicano el Sistema de Justicia Penal, previsto en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008; unificar la legislación penal y procesal penal; reformar la Ley de Amparo; y reformar de manera integral el subsistema de ejecución de sanciones.

Uno de los compromisos que más ha llamado la atención dentro de dichos acuerdos, es la actividad de sancionar un Código de Procedimientos Penales Único, vigente para toda la República mexicana–Compromiso 79–, en concordancia con la reforma al Sistema de Justicia Penal, que prevé la implementación del proceso penal acusatorio –Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–.

Ahora bien, la creación de un Código de Procedimientos Penales Único implica analizar la pluralidad de legislaciones procesales existentes en las entidades federativas, el Distrito Federal y la Federación. Como sabemos, numerosos Estados ya han adecuado su legislación al proceso penal acusatorio (3), lo cual sirve como referente para identificar qué cuerpo normativo se erige como línea matriz respecto a los otros.

Al realizar esta evaluación, podremos confirmar que numerosas codificaciones procesales penales de corte acusatorio, coinciden en sus lineamientos y características –incluso son idénticas–, y de esta manera allanar el camino hacia una primera uniformación, consistente en homogeneizar las bases y principios procesales, con miras a la unificación, la cual, sería la solución más conveniente desde un inicio. Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales por el Lic. Héctor Carreón Perea.

b) La propuesta de un solo código penal es algo que debemos celebrar y por supuesto contribuir para que sea una realidad.

Es tiempo de someter a juicio a nuestras leyes, para saber su contenido y alcance. A partir de entonces sabremos si son suficientes para encarar los retos que presenta el nuevo siglo.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

1.- iniciativa para federalizar la materia en el artículo 73, de la CPEUM

2.- Votar en Congreso por votación calificada.

3.- Enviar a las legislaturas locales para su aprobación.

B) Preparar el proyecto de un Código Penal Único, aplicable en materia federal y en el fuero común.

¿Qué institución presidirá los trabajos? o ¿Acaso serán varios proyectos?

Promover un solo código es quitarle la tentación a cada gobierno local para castigar conductas a modo, que en ocasiones carecen de un bien jurídico legítimo, lo cual no será tarea sencilla.

El nuevo código deberá tomar en cuenta que las penas no son prenda electoral y que no pueden desfasarse sin antes cumplir un objetivo real. No debe existir demagogia en la pena que se establezca.

La proporcionalidad debe ser una guía para tasar las penas.

Es tiempo de recoger los tantos delitos que están dispersos. Ese es el cometido de un Código.

Se debe atender al sistema de justicia que está por implementarse en todo el país. En el cual ya no se tasan los delitos como graves y no graves.

Por tanto, también deben tomarse en cuenta las penas que permitan la aplicación de una justicia alternativa.

Por lo pronto estas son unas cuantas ideas que nos pueden dar una idea de que apenas estamos por comenzar esta serie de pasos… El tiempo lo tendrá, como siempre, el legislador. Pasos para un Código Penal Único

Dr. Alberto E. Nava Garcés

Investigador Invitado del INACIPE

Febrero 2013

c) A principios del nuevo Gobierno se firmó el Pacto por México. En él hay cinco puntos dedicados al tema de la justicia, los compromisos 77 al 81, que son: la implementación de la reforma penal de 2008, la instauración de un Código Penal Único y un Código de Procedimientos Penales Único, y las reformas a la Ley de Amparo y al sistema penitenciario. ¿Con estos compromisos se están abordando los puntos fundamentales de nuestros problemas de procuración de justicia?

Todas estas propuestas que usted acaba de mencionar y que están efectivamente en el Pacto son, me parece, satisfactoria. Es atendible todo, a mi modo de ver. Pero si se habla de un nuevo Código Penal o un nuevo Código de Procedimientos Penales, pues habrá que saber qué es lo que incluyen. Si yo veo que en el último hay un título que se llama “Del arraigo”, diré “pues qué mal”.

El Código Penal para el Distrito Federal, que es un código más avanzado que el federal sustantivo, en la parte de definiciones de tipos delictuosos ha sufrido una serie de reformas en los últimos años que son francamente desconcertantes y lamentables. Por ejemplo, se convierte en delito el abandono de cascajo en la vía pública y otras conductas que son, desde luego, reprochables y que ameritarían sanciones administrativas pero no nueve años de cárcel.

La idea de tener nuevos códigos no solamente es positiva sino que es absolutamente necesaria, urgente, Sergio García Ramírez, uno de los mayores expertos mexicanos en asuntos de justicia. Doctor en Derecho por la unam, García Ramírez ha sido profesor e investigador de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Fue juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y titular

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