Apertura De Reinserciòn Social

Antecedentes

Las prisiones, cárceles, penitenciarías, correccionales, centros de readaptación o reinserción social son por excelencia ejemplo de instituciones cerradas, oscuras, totales (Goffman, 1961: 13) en cuyo interior se desenvuelve un sin número de situaciones que por lo general pasan desapercibidas para la comunidad en general que ante la grave crisis penitenciaria prefiere no conocer la realidad de dichos centros.

En los años recientes a nivel federal en México se han realizado grandes esfuerzos para promover y planificar un sistema penitenciario en el cual se trabaje bajo una filosofía humanística, técnica y respetuosa de la legalidad y los derechos humanos, sin embargo, el embate de la delincuencia organizada, la internacionalización de los delitos, el gran poder económico y de convocatoria de éstas organizaciones, aunado a la consecuente aparición de internos de alta peligrosidad con características de liderazgo y gran capacidad de violencia, han generado una severa problemática en el sistema penitenciario, el cual debe adecuarse a dicha realidad, buscando el equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la sociedad.

Históricamente, en el momento en el que los excesivos castigos corporales a los que era sometido el penado no resultaban acordes con la conciencia de la sociedad, aparece la pena de prisión como un paliativo, presentando una connotación retributiva, de castigo del condenado para que pagara a la sociedad el daño cometido. La prisión aún conlleva ésta carga, y acorde a las corrientes actuales del Derecho debe utilizarse como último recurso, privilegiando otro tipo de penas alternativas a ésta, sin embargo la utilización actual de la misma debería estar inmersa dentro de un marco de legalidad y respeto de los derechos humanos, y a la vez responder a las demandas de paz social del actual Estado moderno.

En éste sentido, es preciso que dentro del proceso de reinserción social del interno el Estado a través de una política de Gobierno Abierto permita, fomente, genere condiciones y anime la participación de diversos actores sociales para que de manera conjunta modifiquen la realidad penitenciaria actual, considerando que toda acción realizada dentro de la institución carcelaria no solamente representa la imposición de una pena sino la prevención de futuras conductas delictivas que afectan a la sociedad una vez que el interno recupere su libertad, rompiendo el circulo vicioso que ha contribuido a la descomposición social actual.

Además, con la reforma constitucional de 2008 “El concepto de reinserción social sustituye al de readaptación, lo que involucra el compromiso de evitar la reincidencia delincuencial con la participación de distintos actores, además del gobierno, en el proceso de reintegración del interno a la sociedad, una vez que haya cumplido su sentencia” (Patiño, 2010: 29).

Planteamiento del Problema

El incremento en las condenas y la extensión de las mismas provocó una explosión en la población carcelaria que no ha podido ser subsanada con un ligero aumento de la infraestructura carcelaria. La precariedad de los programas de reinserción social se profundizó con el aumento de los internos. Así la corrupción parece haber aumentado, los recursos gubernamentales por interno disminuyeron, el control interno de las cárceles está cada vez más en manos de grupos de la delincuencia organizada con presencia en ellas o liderazgos de algunos reclusos, los programas de educación son poco efectivos y la desolación es cada vez mayor. Sin embargo, a pesar de que los presupuestos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas, el problema no es solo de recursos sino de administración y control efectivo hacia dentro de las prisiones. La falta de coordinación institucional, de interacción con distintos grupos sociales, el endurecimiento de castigos para delitos menores y la falta adecuada de planificación y recursos convierten a las cárceles de México en un espacio de castigo para pobres y marginados, en centros de abuso de los derechos humanos que no son respetados. En un ambiente de creciente inseguridad, no parece haber la voluntad política ni social para revertir ésta situación.

Objetivos

El objetivo principal lograr que exista una política de apertura de los Centros de Reinserción de parte del Estado, conservando aquellas atribuciones legales que como responsable único para la imposición y ejecución de penas le otorga la ley, pero a la vez permitiendo que grupos de académicos, sociedad civil organizada, empresarios, grupos religiosos, etc. interactúen en forma permanente y definitiva en los procesos de reinserción, a través de una política de Gobierno Abierto.

Justificación

A través del ensayo, se plantearán en forma amplia los principales escenarios y características actuales del sistema penitenciario en México, las deficiencias de las que adolece, los vicios que lo aquejan y la posible salida y posible solución a dichos problemas mediante la implementación de políticas de Gobierno Abierto, que habrán de ser analizadas, valoradas, razonadas y cuestionadas desde diversos puntos de vista a fin que demuestren aunque sea en forma muy general, la viabilidad de su implementación.

Hipótesis

Mediante la aplicación de los tres principios básicos del Gobierno Abierto, que son la Transparencia, la Colaboración y la Participación

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