Apuntes de politica criminal

Colaboración de la Licenciada Cicely Sánchez Master en Criminología y Criminalística. "La Política Criminal, Prevención del Delito", en nuestro país es un programa que contempla la problemática de la Política Criminal y que se puedan tomar decisiones sobre la misma, es un tanto difícil pero no imposible. Tendríamos que saber, sí los ciudadanos están conformes con la clasificación o selección de los delitos y hacia donde se orienta el mayor esfuerzo investigativo o represivo. La forma cómo se proyecta y ejecuta la reacción organizada contra la delincuencia depende de los medios con que cuenta el Estado. Por ello para tener un conocimiento exacto de Política Criminal, se debe tener en cuenta la realidad socio económica que ha influido en su estructura y que, condiciona su aplicación. La situación socio económica que se vive en nuestro país Guatemala, por ser un país dependiente es el resultado que tenemos por un largo proceso de colonización española, aquí nos preguntamos ¿cómo el Estado reacciona contra el delito, que política o estructura social tiene para mejorar las condiciones de vida para los ciudadanos? Necesitamos un cambio si, para que se apliquen las leyes en forma adecuada para que un Estado de Derecho funcione pero debe de existir un casamiento con los otros órganos como los de seguridad, de Investigación y Aplicación de la Ley (PNC, MP, OJ). En la Actualidad pareciera a simple vista que esto está funcionando de maravillas, pero llegando a las verdaderas estructuras nos damos cuenta que no es así ¿Por qué Razón? Por una Parte la Policía Nacional Civil desarrolla la Política Social General del Estado y la su trabajo de Prevención del Delito, o de seguridad Publica deteniendo a los infractores del orden social (delincuentes) muchos de hechos en flagrancia, acto seguido son consignados a los tribunales de justicia como corresponde, y justamente allí empieza el desfase de este proceso legal, por una parte aun cuando se ha encontrado a la persona en flagrancia y se tienen todas las evidencias necesarias para encaminar un debido proceso, el Ministerio Publico no las aporta por negligencia, porque las ha perdido, y si las aporta lo hace fuera del tiempo determinado, o simplemente no se apersona; primera falla que deberá ser corregida; luego pasamos a los órganos de justicia, al no tener las evidencias que incriminen al sindicado aun cuando haya sido encontrado en flagrancia estos lo dejan en libertad por falta de mérito o bien si las evidencias están presentes, pero existe una buena retribución económica los dan en libertad, el caso penal quedo impune y el delincuente regresa a las calles a su trabajo habitual, con esto no se implica que todos los del Ministerio Publico o todos los del Organismo Judicial actúan en esta forma pero si la mayoría. Bajo estas circunstancias es cuando las jerarquías de estos órganos deberían de ejercer más control sobre las personas que laboran para ellos ¿y cómo hacerlo siendo tantos? de ciudadanos, que no son escuchadas más si archivadas; realizando inspecciones y solicitando informes en tiempo real de las actividades desempeñadas a la persona que se le encuentre que dichas inspecciones o informes están alterados o sus actitudes no son las que debería de cubrir la plaza que desempaña definitivamente darles por cancelado su contrato laboral. Existen otras formas de poder velar por la prevención del Delito no solo parte del Estado sino también de la misma ciudadanía, si realmente existe la preocupación de que los altos niveles delincuenciales están desbordando nuestro país, es necesario constituir juntas locales de seguridad ciudadana en muchos departamento y municipios existen ¿Realmente están cumpliendo con sus cometidos deseados? Para que una junta local de seguridad ciudadana funcione como debería de ser en primer lugar debe de ser capacitada sobre los derechos y obligaciones que tiene en función de sus actividades para que esta no viole los derechos ciudadanos y que lejos de poder contribuir se convierta en un mal para la población. Si conformadas las juntas locales de seguridad ciudadana y estas trabajaran conjuntamente con lo que son los alcaldes municipales de su población brazo a brazo; solicitando ante lo que es Policía Nacional Civil, Ministerio Publico y Organismo Judicial la subscripción de convenios en los cuales el Alcalde y su junta local de seguridad se constituyan como vigilantes y garantes de estos Órganos en la Aplicación de Prevención del Delito y la Aplicación de un Debido Proceso, realmente sería mucho más efectivo este proceso, ya que estos órganos trabajarían bajo la sombra de una población y su representante gubernamental; con ello obtendríamos más agilidad y económica procesal, erradicación sino en tu totalidad pero si en gran parte de la corrupción existente, mas confiabilidad en la justicia, disminución en los actos de linchamiento. Con todo esto que vamos a lograr a nivel nacional, si el gobierno central por falta de recursos, indiferencia, negligencia, incapacidad o desconocimiento en materia de seguridad ciudadana, no quiere fomentar realmente las Políticas Criminales eficaces para el país, dando estos primeros pasos mermaríamos un buen porcentaje la inseguridad nacional y quedaría al gobierno únicamente la responsabilidad de la implementación, de educación, salud, fuentes de trabajo para cerrar el círculo con la propuesta anterior e iniciar un camino real hacia la Prevención del Delito y la Aplicabilidad de una Política Criminal Funcional dentro de Guatemala

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