Asesoría sobre el CPLT (Consejo para la Transparencia)

Asesoría para Michelle Bachelet sobre el Consejo para la Transparencia (CLPT)

Como usted bien sabe, el andamiaje institucional ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, superando la idea del Estado Benefactor imperante durante las décadas anteriores en donde solamente existía una relación Top- Bottom con la ciudadanía; tanto en el trato a estos- concibiendo el cloak of secrecy (Ramírez Alujas, 2014) como en el origen y formulación de políticas públicas.

Hoy en día los ciudadanos (a grosso modo) se han empoderado: tienen la noción de que los medios con los que actúa el Estado a través del Gobierno emanan directamente de sus bolsillos (impuestos) y sus pareceres (votos); en resumen, son conscientes de tanto de derechos como deberes. En ese contexto de democracia contemporánea (amparado en el “derecho a saber”) exigen a sus representantes  responsabilidad por lo que hacen, criterios de probidad y publicidad de sus actos y, por si esto fuera poco, métodos de evaluación de la gestión.

La Transparencia se articula, entonces, como la piedra angular de lo mencionado con anterioridad, puesto que en el papel, mediante el uso de plataformas tecnológicas y redes sociales con las que se cuentan, se le facilita a cualquier persona el acceso a la información, ya sean actos, resoluciones, procedimientos y documentación que tienen su origen directamente desde la administración pública y que estén contempladas por ley (En Chile actualmente la Ley 20.285).

Empero, en la práctica es bien sabido que no es exactamente de esta manera, puesto que actualmente la institución que genera la Ley 20.285, el Consejo para la Transparencia (del cual nosotros como asesores y gestores del cambio vislumbramos necesario intervenir), adolece de una serie de atribuciones y prácticas que no abarcan lo que se tenía presupuestado en primera instancia, o directamente, no aplica. Entre estas se aprecian, por ejemplo, la falta de fiscalización con la que actualmente cuenta el servicio, gestando un problema en la cadena que retrasa la potestad fiscalizadora del estado, a pesar de procesar a tiempo las demandas que va  ejerciendo la ciudadanía. Mientras no haya una modificación legal que permita constituir expeditamente los juicios resultantes y dictar sentencias, no se producirá fiscalización efectiva.

Por ende, en primer lugar solicitamos a su Excelencia sostener una serie de reuniones con representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público, el Ministro de la cartera José  Antonio Gómez y el CLPT en pleno para construir una Mesa de Trabajo y así vislumbrar una solución mancomunada que permita, en base a dos dimensiones (una mediante resoluciones ejecutivas- a priori-, y otra con modificaciones de ley), una solución definitiva a este inconveniente. Le recomendamos para la primera, recurrir a experiencia internacional exitosa. Una buena alternativa sería Christian Bason, quien tiene cierta afinidad por nuestro país y ya se encuentra consultando en medidas de gobierno abierto con la ministra de SEGPRES, Ximena Rincón. Él es el  encargado de innovación pública de Dinamarca y ha vislumbrado gran potencial de desarrollo en nuestro país en el sector que justamente nos compete como comité asesor: la transparencia y el acceso a datos públicos. Sobre el proyecto que modificaría la Ley 20.285, le recomendamos también hacerlo todo de manera abierta y publicitada (es decir, con presencia de los medios de comunicación), a su vez de decretarla con urgencia en el Parlamento, ya que sería una buena manera de contrarrestar las críticas del último tiempo de la oposición y el resultado de las encuestas que la sitúan bajo el 50% de aprobación en alero de la reforma tributaria y educación. (EMOL, 2014)

Si bien no se espera mayor oposición política por parte de la Alianza en las cámaras, puesto que al ser una medida que conlleva un riesgo implícito, (pero a su vez resguardado por el hecho de presencia de expertos altamente calificados), en su visión a corto plazo lo analizarán como una “pisada de cola” del gobierno. Por lo tanto, en sus aspiraciones para las próximas elecciones presidenciales, buscaran aprobar todas aquellas reformas que puedan endosarle a las actuales de la discordia. Como apelamos al mediano y largo plazo, confiamos que la aprobación de nuestra bancada será plena y junto a los independientes y los suficientes parlamentarios opositores, obtener el esperado quorum.

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