Aspectos positivos del plan de gobierno de fuerza popular

Artículo crítico

La candidata Keiko Fujimori, lideresa del Partido político Fuerza Popular e hija del ex presidente Alberto Fujimori, en su plan de gobierno muestra diversos puntos en los que como grupo consideramos que estamos en acuerdo y otros que estamos en desacuerdo para así exponer nuestra postura respecto a lo expuesto. Como primer punto en desacuerdo, vemos que considera brindar beneficios tributarios extraordinarios para las medianas y pequeñas empresas (mypes), considerando cero tributaciones durante sus dos primeros años, tomando en cuenta un “IGV justo” y períodos de gracia. Dado este punto, cabe recalcar que no hay ningún fundamento para tales medidas, pues se observa que la candidata no conoce las consecuencias que tendrían en la recaudación tributaria. Adicional a ello, actualmente las mypes ya cuentan con regímenes de muy baja carga impositiva, como el régimen especial de Impuesto a la Renta (RER) y el régimen único simplificado (RUS).

De igual manera otro punto en desacuerdo con la candidata presidencial es que plantea establecer un marco normativo que posibilite a las comunidades aledañas ser accionistas de las empresas mineras. A nuestro parecer esto significaría hacer a las comunidades partícipes del riesgo, y dado que el mercado minero es muy volátil, sobretodo en la última década, esto a largo plazo, no ayudaría a resolver los conflictos.

Si bien es cierto, tal como se comentó anteriormente en seguridad ciudadana, el plan realiza un diagnóstico respecto a seis problemas fundamentales (alta criminalidad, falta de liderazgo, falta de herramientas legales, recursos insuficientes, escasez de información para diagnosticar problemas e incremento de tráfico de drogas y terrorismo), sin embargo, el diagnóstico obvia la débil institucionalidad de los operadores de justicia y la corrupción. No plantean soluciones adecuadas para ambos problemas. Dado esto se puede notar que lo que propone la candidata en su plan de gobierno es no cambiar los paradigmas institucionales de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y del INPE, y por lo tanto eliminar toda corrupción que existe actualmente en el país.

Adicional a ello, respecto a algunas propuestas como la reformulación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se puede observar en el plan que ésta no toma en cuenta la participación vecinal, ni se da importancia al rol municipal, limitándose al bienestar policial e infraestructura.

Con respecto al tema de seguridad, en lo que sí estamos de acuerdo con la propuesta de plataforma tecnológica orientada  a integrar sistemas de información para vigilancia, e integración de bases de datos de información sobre incidencias del delito georreferénciales; pues permitirá reasignar recursos de la policía nacional de una manera más efectiva, atacando aquellas áreas del territorio nacional que se encuentran más afectadas por la inseguridad. Asimismo, nos parece importante la repotenciación del Instituto Nacional Penitenciario tanto en infraestructura como en la recuperación del principio de autoridad, poniendo mayor énfasis en los controles de seguridad de los mismos. Este aspecto lo consideramos importante, pues en la actualidad vemos cárceles sobrepobladas, desde las cuales se gestan los crímenes y extorsiones.

En la tema de educación, una de sus propuestas interesantes es el fortalecimiento de la educación tecnológica. Uno de los principales puntos de esta propuesta es la convalidación de algunos cursos en la universidad, si la persona quisiera seguir una carrera universitaria. Otro punto importante es promover acuerdos y alianzas con el sector privado para alinear la oferta de enseñanza y la demanda laboral y emplear la maquinaria, e instalaciones en la enseñanza. Nuestra posición con respecto a esta propuesta es a favor, pues el mercado demanda de jóvenes técnicos calificados para soportar las operaciones en las empresas de distintos rubros (minería, petróleo, manufactura, industrial). Hace un tiempo atrás; al aparecer muchas universidades privadas en el Perú, el mercado de profesionales técnicos disminuyó por el bajo valor e importancia que se le daba en ese entonces a una carreta técnica, lo que provocó que muchos jóvenes migraran a dichas universidades privadas. Lo cual generó que durante el boom de la minería el mercado laboral demande personal técnico calificado, encontrándose con un déficit en el mismo, por el cual muchas mineras apostaron por capacitar in situ a personal (principalmente de la zona de influencia) para que puedan dar el soporte adecuado en la operación. Con lo dicho, no queremos devaluar a las universidades privadas que han aparecido en los últimos años, sino que observamos y criticamos que el plan de gobierno de fuerza popular no propone ningún plan de acción para regular la educación en las universidades que cumplan ciertos estándares en la enseñanza y que incentiven a la innovación.

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