Autodefensas

El año 2013 inició con un reto importante en materia de seguridad: la aparición y proliferación de diversos grupos de autodefensa y policías comunitarias. La impotencia ante la falta de resultados de las autoridades en este tema provocó que diversos grupos, en su mayoría de poblaciones indígenas, tomaran las armas y el control de la seguridad en sus comunidades. Para mediados de marzo se habían identificado alrededor de 70 grupos con estas características en todo el país.

Las autoridades del sexenio pasado no lograron demostrar que tenían la capacidad para hacer frente a la explosión del crimen que azota al país y en poco más de 100 días del nuevo gobierno, las nuevas autoridades no han logrado generar la confianza suficiente de que el problema pueda resolverse pronto. De hecho, el Programa Nacional de Prevención del Delito —programa que encabeza la estrategia de seguridad del gobierno actual — tiene un tiempo aproximado de efectividad de “unos 12 o 18 meses". La situación actual es tan crítica que algunos mexicanos decidieron no esperar más y comenzaron a organizarse.

El debate en los medios de comunicación y en las redes sociales no se hizo esperar. La mayoría de las voces que se han alzado en favor o en contra han quedado en el terreno de lo legal y lo legítimo, de lo necesario y lo pasajero.

Está claro que la aparición de estos grupos pone en riesgo a las instituciones del país y permitirlos sería aceptar de facto la incapacidad del propio Estado para hacer frente a los principales problemas y que de hecho, son su obligación resolver. Esto es sumamente peligroso ya que abriría la puerta a situaciones de ingobernabilidad en muchas áreas del país. Sin embargo, no se ha analizado si estos grupos tendrán algún efecto en el aumento o disminución en el crimen en sus comunidades o en la seguridad y percepción de seguridad de los habitantes.

Aunque existen pocos estudios a nivel internacional sobre el efecto que tiene en el crimen el hecho de que los civiles estén armados, no existen trabajos académicos ni información empírica en México que nos ayuden a prever cuál es el posible resultado de delegar las funciones de seguridad del Estado en manos de grupos civiles de autodefensa armados. En este texto expondré cuáles son las principales consecuencias criminológicas de la aparición de estos grupos y cuáles podrían ser sus posibles efectos en la seguridad de las personas.

En primer lugar, es importante destacar, como mencionó a la agencia EFE Luz Parra, coordinadora del Proyecto de Mediación y Negociación del CIDE, que existen diferencias profundas entre los nuevos grupos armados de autodefensa y las policías comunitarias de los municipios gobernados por usos y costumbres que han existido desde hace más de 17 años. Estos últimos son elegidos por asambleas locales y han funcionado dentro de un autogobierno en comunidades donde el Estado tiene presencia mínima; además, generalmente están plenamente identificados, trabajan con el rostro descubierto y están uniformados.

Los grupos de autodefensa surgen ante la incapacidad de los gobiernos locales, estatales y federal de proveer seguridad a los pobladores de las comunidades. Los mecanismos de selección varían mucho entre ellos, y no existe control e identificación de los miembros armados. No trabajan en coordinación con instancias de procuración de justicia y en ocasiones, se limitan a entregar a los detenidos a las procuradurías,

sin tener las capacidades de investigación, el conocimiento sobre derechos humanos, o el entrenamiento para enfrentar a los diferentes tipos de criminales. Esto es un problema; como explicaré más adelante,

lejos de mejorar el panorama de seguridad para esas comunidades, la probabilidad de que el crimen de alto impacto aumente, o en el mejor de los casos, se mantenga igual, es alta.

En primer lugar, la principal variable que el gobierno y los medios de comunicación utilizan para medir el estado del crimen

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