CONSTITUCION DE DERECHOS O CONSTITUCION ECONOMICA?

CONSTITUCION DE DERECHOS O CONSTITUCION ECONOMICA?

Nuestra constitución en el artículo 2 establece como Finalidad del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

En Colombia es evidente la incapacidad del estado para cumplir con los fines establecidos en nuestra carta política. Si hay algo que nadie ignora es que el país está en muy malas manos, nuestros representantes son personas indignas de confianza, comerciantes del país que tienen en sus manos. Unas elites a las que nunca les intereso fortalecer el estado como institución al servicio de unos intereses generales y sociales, sino al servicio de un interés particular.

También hay una crisis de soberanía nacional, es claro que la soberanía es un privilegio de los países más poderosos.

La participación ciudadana se limita al sufragio, el concepto de ciudadano lo convirtieron en el de cliente.

El estado ha sido incapaz de administrar todo el territorio nacional, las fronteras están olvidadas, y hay sectores del país, incluso en las ciudades más importantes, que aun no tienen acceso a los servicios básicos.

En fin, todos los elementos del estado están en crisis, en consecuencia el estado se encuentra en crisis estructural.

“En Colombia ha habido más individuos que sociedad,

más territorio que nación,

más partidos políticos que democracia, y

más partidos, individuos y territorio que Estado.”

La sociedad se encuentra desprotegida, por un estado que ha sido incapaz de cumplir con sus fines y unos gobernantes que han visto siempre el estado como un negocio.

Robert Castel, afirma:”Es necesario una instancia publica de regulación para enmarcar la anarquía de un mercado cuyo reino sin rival culminaría entre una sociedad dividida entre ganadores y perdedores, entre ricos y miserables”.

Que en efecto ha sido lo que ha sucedido en nuestro país, un territorio donde reina la inseguridad social, cada día se abre más la brecha entre ricos y pobres. Cerca del 60 por ciento de los colombianos son pobres y 7 millones de colombianos viven en la indigencia, aunque nuestra economía genera un Producto Interno Bruto de 8.600 dólares por persona, 27 millones de colombianos están lejos, en diferentes proporciones, de esa prosperidad.

El neoliberalismo nos dejo más pobreza, desempleo y perdida de derechos.

Para Castell nos encontramos ante "una nueva problemática del riesgo", debido a la imposibilidad de afrontar las transformaciones ocurridas a partir de los 70, por el desarrollo científico y tecnológico, sumado a esto el debilitamiento del Estado social puso a la sociedad en un estado de vulnerabilidad.

Castell, plantea una pregunta: es posible domesticar al mercado mundializado para vencer la inseguridad social? Sin embargo, la tendencia es individualizar el riesgo, el planteamiento central es que el individualismo es resultado de la modelación llevada a cabo por las instituciones del propio Estado.

Desde la Constitución de 1991 se han dado en el país una serie de cambios a nivel político, económico y social. El entorno económico internacional ha propiciado en los países latinoamericanos una transformación de sus modelos económicos, a lo que Colombia no ha sido ajena. La nueva Carta política es expresión de esos cambios producidos en todos los órdenes de la vida social, incluyendo una serie de reformas que amplían los escenarios de participación política. El funcionamiento de la economía del país se enmarca en el principio de la libertad económica, pero al mismo tiempo, se ratifica explícitamente la dirección general de la economía a cargo del Estado, al que le cabe la responsabilidad de propender por el equilibrio social y del desarrollo económico.

Uno de los grandes choques que existe actualmente entre ambas ciencias a nivel político es el control constitucional de la economía. La Corte Constitucional Colombiana ha intervenido en la política económica del país con el fin de proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Esta discusión se ha vuelto más bien una polémica que ha dividido al país en dos: “La Corte y el gobierno”.

Es necesario tener claro que la seguridad social en Colombia antes que un problema meramente económico es de justicia social: cientos de miles de ancianos que entregaron su vida útil, pueden perder la protección de un sistema de seguridad social que responda por su digna subsistencia.

Para los economistas la seguridad jurídica es indispensable para la libertad y el desarrollo. Pero, ¿por qué no están los mismos economistas dispuestos a aceptar que los derechos de propiedad de los más ricos pueden también ser modificados en situaciones de crisis; por ejemplo cuando el índice de pobreza absoluta supere el 20 por ciento? ¿No es acaso esta también una situación de crisis? O es que sólo hay crisis cuando se afecta el gran capital. ¿Qué encaja más en una situación de crisis económica: la disminución de la riqueza o el aumento de la pobreza? ¿Qué es más grave, que la riqueza disminuya como consecuencia del pago de derechos laborales o que la pobreza aumente a causa del no pago de tales derechos? Estas son cuestiones demasiado serias para dejarlas únicamente en manos de los economistas que nos gobiernan. Para ellos los derechos son buenos o malos según favorezcan o no los indicadores macroeconómicos.

Para la Corte, en cambio, LOS DERECHOS SON DERECHOS, Y SE DEBEN RESPETAR SIEMPRE, INCLUSO CUANDO TENGAN UN COSTO ECONÓMICO IMPORTANTE.

En efecto, hay un problema estructural del sistema de pensiones, pero no se ataca las causas estructurales, no se busca generar desarrollo, por el contrario, la salida que se plantea

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