Censura a la libertad de información en Internet en Nicaragua..

Censura a la libertad de información en Internet en Nicaragua.

Introducción

Las nuevas reformas de ley impulsadas por el actual gobierno de Nicaragua pretenden entre otras cosas, mediante cambios al artículo 92 de la constitución política, establecer un férreo control sobre las acciones que ejecutan los ciudadanos y empresas nicaragüenses en relación a la información que manejan en la Internet. El cambio busca ampliar el alcance de dicha ley y de manera concreta dice que:

a) Las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país;

b) En ningún caso es permisible el establecimiento de sistemas que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional;

c) Los puntos de comunicación estatal deberán ser propiedad del Estado de Nicaragua; y

d) el espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses debe ser controlado por el Estado  (p. ).

En el país son muchos los que están en contra de esta reforma, como el ilustre escritor Nicaragüense, Sergio Ramírez (2013) expresa que "en tiempos de globalización de las comunicaciones, se manda imponer el aislamiento del país, que queda reducido a la condición de un pequeño Estado medieval". A esto se le añaden las voces de descontento del sector privado, la sociedad civil y políticos democráticos, quienes temen que el control estatal sobre la internet, las redes sociales y las bases de datos, vaya a afectar el derecho de las personas a la libre información y también que vaya a perjudicar a las empresas que usan la red como principal herramienta tecnológica (Voces 2013).

No obstante, la misma reforma que es rechazada por muchos, es defendida por el sector más cercano a las estructuras de poder del gobierno. El diputado Edwin Castro (2013), jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, explica que con esta ley “no [se] pretende violar la privacidad de los datos internos de las empresas, sino tenerlos (...) para que los ciudadanos pueden reclamar por el uso que se haga de la información que producen”

La reforma del articulo 92 de la consitucion politica de Nicaragua lesiona el derecho de expresion de todos los nicaraguenses y afecta el desarrollo y los intereses economicos del pais.

Argumentos

Para nuestro gobierno, las protestas civiles y las marchas pacificas que se promueven en pro de la defensa de nuestros derechos, constituye una gran amenaza que ha tratado de evitar por cualquier medio, incluso recurriendo de forma sistematica a la violencia. A estas marchas se le suman la protestas virtuales que muchos nicaraguenses realizan haciendo uso de las distintas redes sociales que existen, y que cada vez son mayores, dado el rapido ascenso del uso de internet en el pais (Alvarez 2013). Podemos citar por ejemplo, el reciente caso de la protesta por la pension reducida realizada por los ancianos al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), donde la ciudadania se pronuncio masivamente en twitter y facebook sobre el abuso de poder y la violencia desmesurada utilizada por el gobierno como medida de represalia.

Sergio Ramirez (2013) aduce que la iniciativa de reforma no es mas que una artimanna del partido gobernante "para controlar y someter las emisiones de Internet, lo que se emite en las redes sociales, [y] lo que se escribe en los blogs”. Segun Ramirez, con esto el gobierno pretente perseguir y castigar a aquellos que tengan opiniones diferentes a las posturas oficiales.

Algunos diputados opositores tales como, Carlos Langrand y Eliseo Núñez Morales, denuncian que con la nueva ley 92, el estado tendra “mayor control de la información que se transmite a través de correos electrónicos y redes sociales” (Voces 2013) haciendo posible el espionaje y censura de toda aquella informacion que vaya en contra de los intereses partidarios del gobierno. Podemos observar que una de las posibles estrategias del gobierno sera establecer filtros determinados sobre sitios en internet que les permitira evitar que los nicaraguenses se pronuncien sobre determinados temas polemicos, o cerrar temporal o permanentemente el acceso a las redes sociales, blogs y sitios informativos.

La aprobacion de la reforma de ley, es el inicio para que este gobierno, que desde ya muestra razgos autoritarios, pueda establecer “una férrea censura de la información mediante mecanismos masivos que bloquean páginas de internet (...), y un ejército de censores que (…) buscan voces disidentes” (Voces 2013). Los lideres representantes de la sociedad civil deben de informar y alertar al pueblo de que esto lesiona gravemente el derecho humano de la libre expresion y el derecho que tienen todos los nicaraguenses a tener acceso irrestrico a la informacion que circula en internet.

Ademas de la obvia implicacion de la ley sobre la libertad de expresion de los nicaraguenses, el sector de las empresas privadas muestras sus preocupaciones y analizan el alcanze e impacto que tendra la aprobacion de esta ley para el desempenno de sus operaciones. Por ejemplo, el inciso uno de la nueva ley, que resa “Las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país” es un tema delicado para las empresa privadas, tanto por el tema de espionaje como por el tema de seguridad y que afectaria en gran manera la captacion de nuevas inversiones por la desconfianza que genera esto entre los inversionistas extranjeros.

Guillermo Rothschuh (2013), periodista nicaraguense, indica que unos de los grandes afectados en caso de que se aprobase la ley con lo terminos actuales serian las dos grandes empresas de telecomuniciacion, Movistar y Claro, y que el cambio “más drástico sería tener que trasladar sus bases de datos al país.”. Al igual que estas empresas, son muchas las que se verian afectadas por la nueva disposicion ¿Estarían dispuestas las empresas extranjeras a actuar en consonancia con lo establecido en el Artículo 92? ¿Dejaran de operar en el pais?

Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a travez de su presidente, José Adán Aguerri, tambien expresa su desacuerdo y preocupacion antes las pretenciones de la nueva ley, y especifcamente sobre el inciso antes mencionado asegura que “Nicaragua no está en capacidad para operar bases de datos que estén alojados en servidores dentro del país” (Aguerri, 2013).

Aguerri (2013) indica que la propuesta de ley “no debe ser incorporada [a la constitucion politica], por el esfuerzo que se ha venido haciendo en diferentes vías con el Gobierno para responder a las tendencias modernas de comercio, y para la atracción de la industria de servicios”, ya que la incorporacion de estos nuevos incisos a la ley significaria un retroceso en materia de inversion extranjera.

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