Como se da el Análisis de constitucionalidad sobre los notarios

José Antonio  Durán Classe                      matricula:100211968

En fecha 14 de octubre del año 2015, la ASOCIACION DE Bandos COMERCIALES (ABA), Asociación DE BANCOS DE AHORRO Y CREDITO, CORPORACIONES DE CREDITO (ABANCORD) Y LIGA DOMINICANA DE ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS interpusieron una acción directa en inconstitucionalidad contra los artículos 13, 16 parte capital, 19 parte infine, 23, 26.4, 28.8, 5 1.2, 51.3, 53 parte capital, 57.4, 58.5 y 66 de la Ley No. 140-15, del 7 de agosto de 2015, que regula el notariado dominicano e instituye el Colegio Dominicano de Notarios, por alegada violación de los artículos 39, 40.15, 51, 59, 69, 74.2, 110, 149 párrafo 1, 169 y 217 de la Constitución.

Por lo que estos artículos no son inconstitucionales, ya que estos no colisionan con los artículos de la constitución como el derecho de igualdad, derecho de la propiedad, Libertad de empresa, Derecho a la libertad y seguridad personal. Al parecer los artículos mencionados anteriormente de la ley 140-15 es que son excesivas, ya que estos son entidades bancarias que su actividad se rige de préstamos y servicios por lo tanto algunos artículos de esta ley son exageradas como lo es es artículo de 66 de La ley 145-15.

El artículo 66: Tarifa para el cobro de honorarios. considero que las tarifas son justas; sin embargo, no responden a la realidad latente en República Dominicana con relación a la instrumentación de actas notariales y a la legalización de documentos por parte de dichos funcionarios. Un abogado en ejercicio factura, por la redacción y (por la gestión de) legalización de un acto bajo firma privada (venta de inmueble), al menos RD$6,000.00. De este monto, una suma de, aproximadamente, RD$500.00, corresponderá al notario público actuante por concepto de legalización. En la ley del Notario se establece que dicho funcionario facturará la suma de RD$2,000.00 por la instrumentación de actos de venta de RD$1,000.01 hasta RD$100,000.00, la suma de RD$3,000.00. Es decir, que facturará menos que el monto mínimo que factura un abogado en la actualidad. En consecuencia, antes de hablar de tarifas “abusivas”, debe determinarse la verdadera intención de la norma: que el notario público pueda subsistir con su ejercicio; y que decaiga la utilización de intermediarios para la instrumentación de actas notariales y legalización de documentos (lo que se logrará, en razón de haber encarecido los costos para este tipo de gestiones).

las accionantes exponen que son entidades agrupan y representan a sociedades de intermediación financiera, las cuales tienen como una de sus funciones principales, el otorgamiento de financiamientos o préstamos y muchas otras actividades para que los ciudadanos y ciudadanas puedan obtener bienes y servicios, incluyendo viviendas, vehículos, entre otros. Como prueba de lo anterior, dicen, haber otorgado financiamiento, al 29 de agosto de 2015, por la suma de RD$772,694,000,000.82.

A los fines de llevar a cabo estas operaciones, las accionantes indican que necesitan realizar actos jurídicos, mediante los cuales se otorgan dichos préstamos los que, a su vez, requieren de una participación de los notarios, generalmente para la legalización de firmas de dichas convenciones, y otras veces de la instrumentación de pagarés contenidos en actos auténticos. Según entienden, las disposiciones atacadas al disponer de regulaciones pocos prácticas e irracionales, dificultan, encarecen y en muchos casos imposibilitan que las referidas actividades se puedan llevar a cabo de manera efectiva y correcta, lo que evidentemente se traduce en un daño claro y preciso en su contra, en razón de que una parte importante de la población dejan de tener acceso a ellas.

...