Control social y derecho penal

I. CONTROL SOCIAL Y DERECHO PENAL

Abog. Rogger Aldana Domínguez

1. Control Social

1. Noción:

El profesor argentino Cristian MARCELO PELÁEZ[1] precisa que la noción de control social proviene de la sociología norteamericana, y acercándose a una definición de control social señala que éste “está constituido por los recursos materiales y simbólicos de que dispone una sociedad para asegurar la conformidad del comportamiento de sus miembros con un conjunto de reglas y de principios prescriptos y sancionados”; aclarando además el citado autor que “para ser eficaz, el control que ejerce la sociedad sobre los individuos no puede ser puramente externo”, lo que implicaría que “Nuestra conducta no está, pues, determinada exclusivamente por las coacciones del mundo exterior (físico o social). Se encuentra también sujeta exigencias internas, algunas de las cuales, rebeldes a todo control, procuran satisfacerse literalmente a cualquier precio y las otras, más dóciles, pasan a formar parte de estrategias más complejas y de mayor alcance”. Importante esto último para diferenciar control social de control punitivo.

A lo anterior debemos tener en cuenta lo señalado por el profesor español MUÑOZ CONDE[2], para quien el “control social es una condición básica de la vida social. Con él se aseguran el cumplimiento de las expectativas de conducta y los intereses contenidos en las normas que rigen las convivencias, confirmándolas y estabilizándolas contrafácticamente en caso de frustración o incumplimiento, con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma o procedimiento. El control social determina, pues, los límites de la libertad humana en sociedad, constituyendo, al mismo tiempo, un instrumento de socialización de sus miembros”.

En sentido similar, HASSEMER[3] estima que “el control social es una condición básica de irrenunciable de la vida social. Con él asegura todo grupo, cualquier sociedad

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