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Uno de los aspectos primordiales que atañe a la determinación y entendimiento de la reelección presidencial como modificatoria no solo de la estructura del ordenamiento jurídico, sino de las potestades que ostenta el Presidente de la Republica como jefe de la administración, es quizás el sentido que ha tomado el desbalance o desequilibrio democrático que apareja la sistemática continuidad en el poder, bien sea de una “clase” política o de un “partido”; dicho de otra manera, partiendo de la base de que en Colombia el sistema presidencialista no permitía que existiera concentración de poder, era evidente que tampoco requería la institucionalización de la figura de la reelección.

Entonces, el punto de partida que involucró esta figura es la capacidad de reformar la constitución. Siendo la Corte Constitucional el encargado de realizar el control a dichas reformas como a los mecanismo para ello, se tiene que no solo se analiza el procedimiento en si mismo considerado para con ello descartar vicios en su formación, sino la capacidad de reforma, concretada en el efecto sustitutivo que puede inferirse de la intención o sentido material que se manifiesta en el texto de la norma. De allí que al hablar de la intención que se buscaba con la puesta en marcha de la figura reeleccionista, se entendió que no había afectación de principios y bienes jurídicos como la soberanía popular, el sistema de “Cheks and Balances” que mantiene la división de poderes y la independencia de órganos de control y de interpretación.

Ahora bien, se debe colegir que no se pone en peligro el principio de la democracia, en tanto se le da continuidad a los periodos preestablecidos en los que se realizan las elecciones, por lo cual se le garantiza a la población el derecho a “elegir y ser elegido”; se traza una pendiente entre lo que se desea y las posibilidades para elección de una forma ambigua, es decir, no existe claridad sobre cuáles son los elementos que deben manifestarse para evitar algún tipo de incidencia del gobierno vigente y la candidatura a un nuevo periodo de mandato. Es aquello que se hace evidente cuando evitar realizar alguna sustitución a la constitución es el objetivo, en tanto no se introduzca elementos que alteren la esencia del sistema político colombiano.

No obstante lo anterior, se debe dar sentido a que en realidad el asomo de duda aparece cuando se cuestiona la legitimidad de las decisiones o poderes que asume el Presidente de la Republica de frente a su posición como garante de los derechos y libertades; por un lado, se pierde la objetividad y neutralidad del mandatario, ya que sus decisiones pueden ser producto de el auto-favorecimiento en campaña en los diferentes niveles y ramas del poder público. Por ejemplo, los partidos y grupos representativos de ciudadanos se ven en la necesidad de adherirse a grupos de campaña para mantener el status quo en su incidencia política (aspecto que cobra vital importancia en los últimos años, dadas las estrategias para conservar y perpetuar la ascendencia de poder).

Pero no solo se ve el reflejo de estas políticas de campaña en las políticas de gobierno, sino en los sistemas electoral, legislativo, de hacienda,  de administración de justicia, entre otros. Por ello, se entiende que es necesario someter decisiones que afecten de alguna forma la voluntad y soberanía popular a mecanismos de control que no solo tienen que ver con el apartado jurídico de las entidades, como la Corte Constitucional^[1] al efectuar la revisión de vicios de procedimiento, sino con el fundamento representativo de la unidad nacional, como es el constituyente primario.

En ese sentido, es claro que existe una imposibilidad de reformar la constitución por el simple arbitrio o disposición de gobierno para incidir en la libertad del votante; es un criterio casi que evidente el hecho de que si quien detenta el poder gestiona una campaña desde el mismo poder, es imposible garantizar la libre formación de la voluntad política de la ciudadanía y por ende la legitimidad de la decisión popular en el referendo. En Colombia se garantiza por vía de control, que las decisiones estén acordes con el ordenamiento jurídico y con la constitución en razón de sus principios, sin embargo, en el caso del referendo se pensó necesario y declarado exequible^[2] que se eliminara la prohibición que estaba contenida en la Ley Estatutaria^[3], según la cual el referendo constitucional no debería coincidir con otra elección.

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