DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO NACIONAL

DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO NACIONAL (Parte 1 de 2).

Por Félix   Alderete Ortega

Aunque el crecimiento de Panamá ha sido muy robusto en la última década, esconde grandes disparidades geográficas y diferencias entre los sectores moderno y tradicional de la economía y entre sus áreas metropolitana, urbana, rural y comarcal.

El modelo centralista del Estado panameño ha logrado un crecimiento robusto pero con alta concentración de población y riqueza (Prov. de Panamá representa el  50% de la población total del país, el  70% de la población urbana y el 68% del PIB nacional), y manteniendo inequidades y disparidades geográficas en la dotación de infraestructura/servicios entre sus diferentes áreas (pobreza extrema urbana - 3.4%, rural - 27% y comarcal -70%;  cobertura de agua potable: urbana - 92%, rural - 78% y comarcal - 44%; de energía eléctrica urbana - 98%, rural - 62%).  Entre 2000-2010 el PIB real per cápita promedio provincial fue de US$ 5.733,00  obteniendo resultados por encima del promedio las provincias de Colón (+ 60% ) y Panamá (+ 38%). De las 7 provincias restantes, las más rezagadas fueron Veraguas, Bocas del Toro y Darién con resultados  de 65%, 67% y 83% debajo del promedio provincial.  

Por otro lado, el Gobierno Central (GC) ante la minusvalía técnica y financiera municipal, que podría ser resultado de la histórica tendencia centralizadora del propio GC, históricamente ha asumido funciones que en la mayor parte de América Latina y el Caribe (ALC) típicamente se atribuyen a los gobiernos locales.  Por ejemplo, se evidencia la baja participación  municipal respecto a los ingresos corrientes consolidados del sector público -   1,53%; el gasto público consolidado -  1,2%; y la inversión pública consolidada -  0,1%.  

Se esperaría que la situación anterior empiece a cambiar a partir del año 2016, con la implementación de la Ley No. 66 de octubre de 2015 y que reforma la Ley No. 37 de junio de 2009 que descentraliza la administración pública.   De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el 2016 los 78 municipios del país recibirán  B/. 151.173.126,00 productos de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).   El 90% de estos fondos están condicionados a la inversión en infraestructura y el 10% a gastos corriente.   La Ley No. No. 66 de octubre del 2015 también establece un calendario para implementar el proceso de descentralización en siete fases o etapas que en principio se extienden más allá de junio del 2019.

No obstante, hay tareas pendientes y urgentes por llevar adelante.  Por ejemplo, se requiere revisar el marco de política de ordenamiento territorial (OT) y proponer los ajustes necesarios para apoyar la consolidación de una estrategia de desarrollo territorial del país de mediano plazo (5 años) a largo plazo (cuando menos de 10 a 15 años), de carácter vinculante y que integre lo urbano, lo rural y lo ambiental con la planificación sectorial de la inversión pública.   Junto a lo anterior, habría que considerar también la revisión y actualización de la Ley No. 34 de junio de 2008, de responsabilidad social fiscal (LRSF), en lo que respecta al Plan Estratégico de Gobierno (PEG) que sólo tiene un horizonte de mediano plazo pero que carece de la visión estratégica de largo plazo (al menos de 10 a 15 años, para no ser muy ambiciosos).  Por otro lado, se requerirá un marco legal vinculante entre la visión de largo plazo, el PEG y la planificación de la inversión pública. En consecuencia de lo anterior, se requerirá formular instrumentos de planificación estratégica de mediano/largo plazo, vinculados jerárquicamente (nacional, regional, provincial y municipal), que orienten las políticas públicas a fin de contribuir en la construcción de un país integrado y equilibrado desde el punto de vista territorial. Por otro lado, se requerirá apoyar el desarrollo de la institucionalidad necesaria para implementar la descentralización y el fortalecimiento institucional municipal, para avanzar en un proceso gradual de transferencia de competencias y recursos que asegure la colaboración estrecha entre el GC y las municipalidades dentro del marco de una planificación nacional estructurada jerárquicamente, a fin de construir un país integrado y equilibrado desde el punto de vista territorial.

Si Panamá no desarrolla estas tareas pendientes, corremos el gravísimo riesgo de que los más de B/. 151 millones trasferidos a las municipalidades en el 2016, y los que se transfieran en los años venideros, sean simplemente dilapidados en un rosario de obras sin sentido e inconexas y sin impacto positivo alguno al desarrollo nacional.   Esta situación sería muy similar a lo que sucedió con los fondos del Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL,) que todos los años transfería a municipios y juntas comunales cerca de B/. 70 millones (B/: 350 millones en cinco años).  

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