DROGAS: GUERRA Y VERDAD

DROGAS: guerra y verdad

La progresiva criminalización del comercio y consumo de ciertas sustancias ha implicado la restricción de derechos fundamentales que afectan la dignidad, la propiedad y la libre iniciativa económica; y ha arrastrado, además, con la perturbación permanente de las instituciones democráticas y la separación de poderes, dando lugar a una militarización de la vida pública, política y social, que liderada mundialmente por Estados Unidos, compromete la propia soberanía de varios países, imponiendo inmensos costos económicos, sociales y políticos.

El escrito hace algunos apuntalamientos en el campo polémico que involucran la realidad del comercio y consumo de psicoactivos, su criminalización y las exigencias constitucionales.

INTRODUCCIÓN

Los múltiples efectos de una guerra absurda

No hace mucho tiempo, las legislaciones emprendieron la criminalización casi absoluta y progresiva de todas las conductas involucradas en la cadena del comercio y consumo de múltiples sustancias psicoactivas y que empezaron a señalarse con expresiones tan parciales como narcóticos, tan absurdas como drogas ilícitas y tan peyorativas como estupefacientes. A lo largo del siglo XX las sociedades han perecido expresar una manía especial por la asepsia, dentro de múltiples procesos de criminalización que han comportado elementos racistas y discriminatorios, intereses económicos e industriales, prácticas intervencionistas, elementos religiosos fundamentalistas, y razones -reales o aparentes, muchas veces imposturas- de salud pública. Texas aprobó, en 1914, las primeras leyes contra la marihuana, sólo cinco años antes de que hasta el comercio de alcohol fuera criminalizado en Estados Unidos, mediante enmienda constitucional asegurada por unos votantes puritanos y más femeninos que en tiempo de paz. Pero mientras el comercio de alcohol sólo soportó la criminalización hasta 1933, la criminalización del comercio y el consumo de otras sustancias apenas se estaba preparando en el caldero calentado por burócratas que vieron peligrar sus puestos tras la derogación de la ley seca. Estados Unidos lidera desde el inicio de los años ochenta esta criminalización en el planeta, que ha resultado catastrófica para los países andinos, en particular para Colombia.

La criminalización de las drogas se localiza, entonces, en el cruce de muy variados discursos y prácticas que por su situación estratégica también hacen posible la eventual descriminalización del consumo y comercio de “drogas”. La descriminalización parece una exigencia del constitucionalismo y el liberalismo, cuyos valores centrales como la dignidad humana y el pluralismo resultan pisoteados por una persecución que parece proteger a hombres y sociedades contra sí mismos. Pero también en las teorías económicas del liberalismo se pueden encontrar exigencias normativas, éticas incluso, para descriminalizar las “drogas”. La criminalización de las drogas no debería ser tan clara para los cristianos más ortodoxos, siendo que Jesús no llegó a tratar el tema, ni siquiera en sus parábolas, aunque sí consagro vino. Razones de salud pública más poderosas e incontrastables parecen aconsejar la descriminalización. Y la represión del comercio y consumo de psicoactivos ha comportado costos económicos y sociales simplemente descomunales que tornan ineficiente una criminalización ya por sí ineficaz, de suerte que el derecho penal “antidrogas” no soporta ningún análisis económico serio.

Una decisión judicial sobre psicoactivos

En mayo de 1994, el fallo de un juez constitucional (Sentencia C-221/94) reconoció la inconstitucionalidad de la criminalización del porte y consumo de sustancias psicoactivas. El exhaustivo Estatuto Nacional de Estupefacientes castigaba el porte y consumo de la dosis personal de psicoactivos, que el mismo Estatuto determinaba en 20 gramos para la marihuana, 5 gramos para el hachís, 1 gramo para la cocaína o sustancia a base de cocaína, y 2 gramos para la metacualona. La decisión, aunque tímida, fue sumamente atacada por los sectores conservadores que han celebrado la prohibición –incluido el entonces presidente Gaviria–, y ha soportado varios intentos de contrarreforma (uno de Samper y otro de Uribe en su fracasado referendo). El derecho al porte y consumo de psicoactivos fue reconocido en forma tan restrictiva, que el consumo sólo parece protegido en la intimidad del domicilio. Pero ese reducido espectro del fallo era más que previsible, y, de alguna manera, casi un lujo en medio de la guerra enfermiza contra las drogas. Esa guerra de carteles, de pandillas, de grupos armados. Una guerra de burócratas que suplantan médicos, psicólogos y psiquiatras a su vez burocratizados. Una guerra propagandística por todos los medios. Una guerra de aspersiones venenosas, de deforestaciones y extradiciones. Guerra en la que se ha impuesto el detestable principio de debilidad con los fuertes y fortaleza con los débiles. Fuertes con los campesinos, con los jóvenes, con las “mulas”, con los negros, con los latinos, con los inmigrantes, con los pobres. Y débiles con aquellos que por su poder o privilegios se aseguran contra los efectos perversos de la acción o represión estatal o privada que promueven o toleran.

La decisión sobre porte y consumo personal, amparada en la Constitución de 1991, ha corrido la suerte de ésta: la ineficacia. Así lo evidencian la muerte y el maltrato contra portadores y consumidores en varias regiones y ciudades del país, por parte de los actores armados, incluidos los oficiales. El Estado no ha hecho nada por respetar él mismo el fallo de la Corte, y mucho menos por hacer que sea real y efectivo, o por promover espacios de participación en una política que nos afecta a todos. Por el contrario, el actual gobierno se atrevió a promover, por todos los medios, un aparente referendo que pretendía, en uno de sus puntos –que por vicios de trámite fue excluido por la Corte Constitucional–, que el Pueblo constitucionalizara la penalización de toda la cadena del porte, consumo y comercio de psicoactivos, sin que ningún ciudadano, que sepamos, haya participado en la discusión o elaboración de la propuesta.

Que en virtud de la mencionada sentencia dejara de estar prohibido el porte y consumo de los psicoactivos cuyo comercio continuaba criminalizado, significaba, para muchos, una contradicción lógica. Es cierto, no es coherente que el Estado pueda perseguir el comercio y la producción de sustancias si su consumo no se le puede arrebatar o impedir a los individuos. Pero es que nada es coherente en el tratamiento jurídico de las drogas. No sólo porque la ley carece de un criterio neutral para penalizar unas u otras “drogas”

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