Derecho Transito

ERECHO DEL TRÁNSITO

El Derecho del Tránsito no es propiamente una rama de las ciencias jurídicas, sino un conjunto de normas de diversa índole, administrativas, penales, civiles, cuyo elemento de enlace es el ámbito en que se aplican.

Estas normas tienen por objeto regular la actividad de los sujetos en su calidad de usuarios de las vías públicas. Por ello, comprende reglas técnicas que posibilitan la circulación, normas dirigidas a otorgar seguridad a los usuarios, imponiendo sanciones, en general, consistentes en multas, por las infracciones a dichas normas y otras disposiciones relacionadas con actos jurídicos referidos a los bienes utilizados en el transporte.

No cabe duda que el conocimiento de las normas que regulan el tránsito es de la mayor importancia, pues todas las personas hacen uso de las vías destinadas al efecto, exponiéndose a los riesgos que ello involucra. A lo anterior se agrega el hecho que un gran número de personas sufren las consecuencias de las infracciones a las reglas de tránsito o realizan negocios que dicen relación con vehículos motorizados.

Derecho Constitucional: es una rama del Derecho Político, cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. Es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos.

EL DERECHO PÚBLICO

Se ha definido al Derecho público como la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de supra ordenación y de subordinación entre el Estado y los particulares y las relaciones de supra ordenación, de subordinación y de coordinación de los órganos y divisiones funcionales del Estado entre sí, es así como el derecho de transito forma parte de este, debido a que el Derecho público regula el ordenamiento de transporte.

La característica del Derecho público, es que sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad que pudiesen ejercer las par

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tes (es decir «no» pueden ser modificados por las partes en uso legítimo de su autonomía de la voluntad, como sí ocurre en el Derecho privado). Son mandatos «irrenunciables y obligatorios», en virtud de ser mandados en una relación de subordinación por el Estado (en ejercicio legítimo de su principio de imperio). La justificación es que regulan derechos que hacen al orden público y deben ser acatados por toda la población.

Relación del derecho de transito con el Derecho Penal: las normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, se asocian a las faltas y hechos estrictamente determinados por la ley de transporte y transito terrestre, como presupuesto, en la comisión de una infracción a la misma, una pena, medida de seguridad o corrección

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