Derechos Sociales

La cuestión social en la Constitución bolivariana

La Constitución de 1999 incorpora elementos que implican demandas de cambio, no solamente en la relación entre el Estado y la sociedad, sino también entre los distintos ámbitos de la sociedad. Es necesario enfatizar que el tema del reconocimiento de los derechos sociales se presenta significativamente más amplio en este texto constitucional que lo establecido en la Constitución de 1961.7 El gran cambio está en la definición del modelo político de la nueva república como democrático-participativo y protagónico, escenario en el cual deberá construirse la corresponsabilidad entre los ciudadanos y el Estado. Según esta concepción, la política social debe tener como finalidad capacitar, preparar y garantizar la salud, el trabajo, la educación, la seguridad social, la vivienda. En fin, construir una ciudadanía de contenido social. Sin embargo, y pese a lo anterior, el Estado social es definido en la nueva Constitución como ente que tiene un conjunto de obligaciones para con los ciudadanos, con el objetivo de lograr la justicia social. Se entiende al Estado como espacio participativo donde la sociedad ejerce igual poder en los asuntos públicos,8 de igual manera crecen sus obligaciones y responsabilidades sociales para con los ciudadanos, con lo cual no es de extrañar que se pueda justificar la concentración de poder y el desequilibrio entre los poderes estatales. Por otro lado, la ampliación de los derechos sociales ha conducido a una explosión de demandas sociales que están comprometiendo seriamente la capacidad institucional del Estado y, como es sabido, los que más presionan son los que están mejor organizados, dejando por fuera a los más pobres, carentes generalmente de esa condición.

Se han señalado tres elementos establecidos en la Constitución de 1999 que ayudan a caracterizar la acción social del Estado. El primero viene dado por la construcción de una ciudadanía de contenido social fundamentada en la universalidad de los derechos sociales, esenciales para elevar la calidad de vida, y en el reconocimiento de los sujetos de estos derechos sin ningún tipo de discriminación. El segundo elemento es la búsqueda de la equidad como objetivo supremo del ordenamiento económico y social, para hacer efectiva la universalización de los derechos y una justa distribución de la riqueza. El tercer elemento está definido como el rescate de lo público como espacio para el ejercicio de una verdadera democracia que deberá sustentarse en la participación protagónica de todos en función del interés de todos (D’Elia, 2002a).

Estos elementos conforman un nuevo norte para la política social y ello quedó establecido en los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, en donde se encuentran las bases estratégicas para llevar adelante el nuevo proyecto nacional, lo que se abordará más adelante.

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