Desempleo

El Gobierno colombiano ha constituido una Misión

para el diseño de una estrategia para la reducción

de la pobreza y la desigualdad (MERPD) para,

previo un diagnóstico de la problemática, diseñar

una política de largo plazo que identifique las

intervenciones que se deben continuar, profundizar

o reformar para que el país pueda lograr avances

importantes en estas materias. Entre los temas en

que debe ocuparse la Misión –en concepto del

Comité Técnico– uno de los principales es el de

“auxilios al desempleo”, por el enorme crecimiento

del desempleo generado por la crisis de finales

de los noventa, que puso en el orden del día del

debate nacional el tema de la protección contra el

desempleo, que no se ha podido reabsorber todavía

y que podría volver a aumentar en el futuro por

razones cíclicas.

El proyecto inicial de reforma laboral presentado

por el Gobierno a fines de 2001 recogió la

propuesta hecha por Ulpiano Ayala1 de un seguro

de desempleo basado en la utilización de parte de

las cesantías, que contemplaba retiros parciales en

el momento del desempleo; un beneficio básico

con una tasa de reemplazo menor que uno;

acumulación de saldos en cuentas individuales,

que se sumarían a la pensión en caso de no ser

utilizados en la totalidad; y seguro colectivo de

desempleo, que entraría a operar en caso de que

el saldo de la cesantía llegara a cero. Para ello, el

seguro colectivo sería apalancado con un subsidio

por parte del Gobierno.

En 2001, Juan Luis Londoño propuso, en pleno

debate, un seguro de desempleo mediante

cuentas de ahorro individual financiadas con una

contribución de 2% adicional sobre las nóminas.

Por otro lado, Asofondos presentó en septiembre

de ese año una propuesta de su presidente (Luis

Fernando Alarcón)2, con algunas modificaciones

a las propuestas de Ulpiano Ayala, que parte del

reconocimiento de que el auxilio de cesantía

acumulado, con cargo a los empleadores, ya

cumplía parcialmente la función de un seguro

contra el desempleo y propone algunos ajustes al

régimen vigente para convertirlo en un instrumento

más eficaz para este propósito. Entre los ajustes

requeridos incluyó: i) exigir un ahorro mínimo para

poder hacer retiros parciales (menciona a modo

de ejemplo seis salarios mínimos mensuales); ii) la

posibilidad de retiros parciales luego de que haya

alcanzado ese ahorro mínimo para las causales

legales previstas, incorporando el riesgo de

desempleo en ellas; iii) retiros mensuales y no de

golpe, con una tasa de reemplazo

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