EL HÁBITAT COMO DERECHO HUMANO

UNIDAD 4. EL HÁBITAT COMO DERECHO HUMANO

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.

La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.

El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para construcción, adquisición o ampliación de viviendas.

Artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre los hechos relevantes del presente período, destacan la reforma de toda la legislación que rige el derecho a la vivienda, la definición de políticas oficiales por medio de un Plan Nacional de Vivienda (PNV), la reestructuración administrativa de los diferentes organismos con competencia en la materia, y la asignación de nuevas fuentes y montos para la inversión pública.

NUEVA CONCEPCIÓN DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA (CRBV Y LRPVH).

En lo que se refiere a la reforma del marco legal, el proceso fue llevado a cabo por el Ejecutivo Nacional, aprobando varios instrumentos jurídicos con los poderes especiales otorgados en abril de 1999. El 05.10.99 aprobó el Decreto con fuerza de Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional (LSVPH). En la misma fecha fue aprobado el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI). A todo esto se debe sumar la aprobación de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en diciembre de 1999, que reconoce y da rango constitucional al derecho a la vivienda. En relación con el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) se adjudica que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias” (art.82). De la misma forma, en la reciente Ley de Vivienda y Hábitat Venezolana (LRPVH) (según el art. 13) “la vivienda y hábitat dignos son definidos en términos de parámetros de calidad, mediante el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades de cada grupo familiar, atendiendo a aspectos tales como: el diseño en función del sitio geográfico y lugar cultural, según particularidades locales y la participación de la comunidad en su determinación; la inserción de la vivienda y del asentamiento en la trama urbana; el cumplimiento de requisitos mínimos de habitabilidad que impidan el hacinamiento espacial o familiar; la vivienda saludable en términos de sanidad, ventilación e iluminación, segura desde el punto de vista ambiental, social y estructural constructivo, con espacios diferenciados social y funcionalmente, con posibilidades de progresividad y adaptabilidad al desarrollo futuro; así como, su inserción en el hábitat, con todos los servicios de infraestructura y urbanismo, y aquello de índole comunitario, la calidad y accesibilidad física, ajustados a parámetros de densidad, distancias y otros. Es por ello que nuestro gobierno se ha centralizado en las políticas públicas al brindarle una vivienda digna a cada venezolano y a través de convenios a países hermanos.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS EN RELACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT, NUEVO ROL DEL ESTADO.

El anuncio de políticas públicas para mejorar las condiciones generales de los hábitats urbanos en el contexto venezolano, es recibido tradicionalmente por la población, con suspicacia, desconfianza y hasta indiferencia. Las campañas electorales han privilegiado la aparición pública de los candidatos, realizando ofrecimientos de más viviendas para los pobres urbanos, mejores condiciones de vida y promesas de un futuro con mayores oportunidades sociales y económicas.

Así, las propuestas realizadas durante la campaña del actual Presidente de la República en 1998, con relación a la materia habitacional, fueron recibidas con cierto escepticismo, aunque también dejaron en el ambiente algunas interrogantes. Experiencias acumuladas en ámbitos específicos, respaldo técnico, pero sobre todo académico, que acompañaron estos planteamientos, hicieron surgir ¿por qué no? algunas esperanzas. Efectivamente, la filosofía de esta Política no albergaba ideas novedosas. Varios de los aspectos contemplados en ella, constituían el producto de largos años de reflexión, investigación y acercamiento a la realidad venezolana y latinoamericana de diversas individualidades e instituciones, sustentados en otras tantas prácticas ensayadas en el contexto mundial.

La Política Nacional de Vivienda formulada en 1999, por el nuevo gobierno, fue acotada temporalmente para ser puesta en práctica hasta el año 2004, de acuerdo a la duración del período presidencial establecida en la Constitución Nacional de 1961, vigente para ese momento. En la fundamentación de sus planteamientos, prevalece una visión optimista y la subestimación de las actuaciones emprendidas por los gobiernos anteriores, apuntando algunas de las causas de la grave situación habitacional.

APROPIACIÓN DEL ESPACIO URBANO.

La escala urbana sitúa al ciudadano como espectador anónimo de lo que sucede a nuestro alrededor. Esta posición es privilegiada. Nos da la oportunidad de desaparecer, incluso para nosotros mismos, y convertirnos en parte del entorno para transformarnos con él. A partir de este momento, de esta aparente contradicción, los espacios urbanos se convierten en lugares, en los que proyectamos nuestra identidad a la vez que la identidad del lugar empieza a formar parte de nosotros.

La apropiación del espacio público en el sentido de identidad permite al usuario una interacción con el lugar que se basa en la implicación responsable, más allá de la funcionalidad del propio espacio. Desde una experiencia subjetiva podemos contribuir a una acción colectiva.

Es el carácter de constituir la actividad con el espacio urbano. Se origina cuando un grupo ocupa y reinstala en un ámbito para desarrollar una actividad cultural, comunitaria, educativa entre otras. Al adaptarse del sitio los grupos entrelazan su vida con el espacio social, e instalan en él un nuevo acontecimiento que se completa a la historia del lugar. En general la participación envuelve el concepto de gestión, es decir, un conjunto de acciones comunitarias o no, que permiten que la idea colectiva se concrete en realidad.

EL CONSTRUCTOR POPULAR Y LAS CAPACIDADES LOCALES.

El constructor

...