EL PODER JUDICIAL.PRESENTE Y FUTURO

EL PODER JUDICIAL:PRESENTE Y FUTURO

La celebre tríada instalada por Montesquieu se constituyó en el paradigma ideológico del estado liberal-burgués en oposición al totalitarismo de la monarquía absoluta. La denominada división de poderes, a través de los controles recíprocos y del balanceo equilibrado de funciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tiende a garantizar la estabilidad del sistema político, económico y social de un país, sobre la base de reglas de juego consentidas por la sociedad, cuya expresión máxima es la Constitución. Sin olvidar los presupuestos ficcionales subyacentes, sus reglas garantizan a todos, -aún a los opositores, siempre que actúen respetando sus mecanismos-, el goce de los derechos establecidos.

Si se acepta que el derecho positivo es resultado de la relación de fuerzas existente entre las clases y grupos sociales en el plano nacional, en el momento en que se formula, no se puede ignorar que desde ese mismo instante la lucha entre los beneficiados y los perjudicados por ese acto, recomienza. Los primeros para lograr su efectivización en la práctica, y los segundos para impedirlo.

En este esquema el llamado “Poder Judicial” cumple una función especialmente delicada. Además de dirimir los conflictos de intereses individuales, se constituye en la última garantía para los habitantes frente a las violaciones que los otros “poderes” hicieren de los derechos establecidos en la constitución y en las leyes que deben ajustarse a ella.

La independencia requerida a los jueces es una exigencia en resguardo de las bases del sistema, cuando es puesto en peligro por el poder político o por aquellos sectores de las clases dominantes que en la pugna por beneficiarse, afectan la estabilidad del conjunto. Dada la escala jerárquica del Poder Judicial, en esas cuestiones sustanciales la definición queda finalmente a cargo del tribunal de última instancia, establecido en la Constitución.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos es uno de los mejores ejemplos de comprensión de esa función de guardiana del sistema. En nuestro idioma quien parece haberlo expresado más claramente fue el Procurador General, en 1934, ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina de composición netamente conservadora, al igual que el gobierno de la época. El tribunal debía decidir sobre la validez constitucional de una ley de moratoria hipotecaria que prorrogaba por tres años el plazo de las obligaciones de los deudores y reducía el monto de los intereses, e hizo suyos los argumentos del Procurador, quien dijo que “al sancionarse la ley 11.741, se tuvieron en vista los riesgos a que quedaría expuesto el valor de los bienes inmuebles, si los acreedores hipotecarios precipitaban la ejecución de los contratos de préstamo, porque ello ocasionaría la desvalorización general de la propiedad raíz, con grave detrimento de los intereses vinculados a esa clase de bienes...El propósito perseguido, tendía a preservar a la colectividad de actos que redundarían en su perjuicio..No era exclusivamente en mira de la situación de los deudores frente a las acciones de los acreedores que se sancionó la moratoria, sino en previsión de las consecuencias que tendrían esas acciones con respecto a los intereses generales. Había algo más que la contraposición de intereses individuales. Había el conflicto entre los intereses de los acreedores y la necesidad de impedir la desvalorización de una de las fuentes de la riqueza nacional” (“Avico c/De la Pesa, CSJN, Fallos, 172:21)

En la actualidad, en los tribunales de 1ª. y 2ª. instancia hay un significativo número de jueces independientes, imparciales y competentes, a lo que en alguna medida ha contribuido la selección de las ternas a cargo del Consejo de la Magistratura. Pero la máxima instancia judicial, sobre todo a partir de la ampliación del número de sus miembros para generar una mayoría dócil al gobierno de turno, y más allá de algunos votos disidentes sin otra significación que la de legitimar a esa mayoría, en lugar de ser la salvaguarda de las instituciones constitucionales, actúa como apéndice del gobierno y de los intereses del poder económico. Es co-responsable de la impunidad de los promotores y ejecutores

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