El Comercio Exterior Español

En 1960, pocos meses después de aprobarse el Plan de Estabilización, España era el país

más cerrado de Europa, puesto que su comercio exterior sólo representaba el 8,2 por ciento

de su Producto Interior Bruto (PIB). Desde entonces, con su incorporación al Acuerdo General

sobre Aranceles y Comercio (GATT), se hizo un gran esfuerzo liberalizador, que se intensificó

años más tarde con el Acuerdo Preferencial con las Comunidades Europeas de 1970 y,

posteriormente, en 1986 con su integración en dicha zona. No obstante, entre 1960 y 1985,

España mantuvo muy protegido su mercado interior y, como consecuencia, no fue tan

necesario para las empresas tener que abrirse caminos exportando fuera. La producción

nacional era suficiente para abastecer el mercado interior por lo que no era un imperativo

realizar muchas inversiones en innovaciones tecnológicas que hicieran las exportaciones más

competitivas en otros mercados. Sin embargo, las exportaciones españolas iniciaron un

camino de crecimiento que se intensificó especialmente entre 1992 y 1997, como

consecuencia de las devaluaciones de la peseta, que todavía eran posibles.

Por otra parte, el proteccionismo tuvo efectos positivos en el desarrollo de nuevas actividades

con las que no contaba el país, aunque también produjo otros negativos, que afectaron a la

inflación y redujeron los incentivos para proyectarse en otros mercados. Estas fueron dos de

las causas que más incidieron en el desequilibrio exterior permanente del país.

Un desajuste en las cuentas con el exterior refleja la incapacidad de la estructura productiva

nacional para abastecer a precios internacionales la demanda de otros países. No se

aprovecha, y no convierte en crecimiento todo el impulso de la demanda, una parte del cual

acaba filtrándose hacia el exterior. El déficit comercial español era uno los problemas más

graves de la economía española, provocando necesidades de financiación a medio y largo

plazo. Había que plantearse su sostenibilidad en el tiempo, y a pesar de encontrarse en un

contexto en el que los mercados donde se podían obtener financiación se habían ampliado

tanto y existía tanta holgura financiera, el problema de la sostenibilidad del déficit parecía

haber desaparecido para muchos.

Hoy en día, la situación se ha agravado por la coyuntura que atraviesan los mercados

financieros internacionales y el comportamiento de la economía española. La primera

determinará la evolución de los tipos de interés a largo plazo y la segunda, nuestra capacidad

para hacer frente a los compromisos adquiridos. En estos momentos, mantener los tipos de

interés relativamente bajos dependerá, en gran medida, del comportamiento de las

economías de Asia oriental, en especial de China.

Por otra parte, cuando la economía de un país crece, la financiación se consigue con cierta

facilidad. La preocupación aparece si se comienzan a apreciar síntomas de desaceleración,

falta de crecimiento, bajos niveles de ahorro o cuando se ha destinado el ahorro a comprar

activos de baja liquidez (inmobiliario). La dependencia del exterior para que se siga

financiando la actividad económica aumenta, y para ello, se endeudan las familias, las

empresas y la Banca.

La situación en España es que el déficit comercial, se ha generado, porque el ahorro nacional y

la financiación captada del exterior se han destinado a financiar actividades poco productivas,

que han terminado afectando a la competitividad. Un país pierde competitividad externa

cuando su productividad crece menos o sus precios y salarios más que los del resto de los

países con los que comercia.

Lo que ocurre en la economía internacional a comienzos del siglo XXI, afecta a España de un

modo particular, precisamente porque tiene una economía muy abierta, como es bien sabido.

En 2003, por ejemplo, la suma de sus importaciones y exportaciones era más de la mitad de su

PIB. Un grado de apertura considerablemente elevado, mayor que el de Francia, Gran Bretaña

o Italia, y no digamos en relación con Estados Unidos o Japón; tan sólo Alemania estaba por

encima entre los países industriales de cierto tamaño. En términos de la economía mundial

significaba casi el doble de la apertura promedio, cifrada por la Organización Mundial del

Comercio en el 30 por 100.

La economía internacional vivió una época de gran apertura comercial y financiera a mediados

del siglo XIX, que fue agostándose progresivamente a lo largo de la primera mitad del xx, para

crecer en los últimos decenios, en la llamada globalización. España se asoció al proceso

liberalizador y ya a fines del siglo XIX se giró hacia el proteccionismo. En él se sostuvo hasta

1959, un año que marca claramente un antes y un después para las relaciones comerciales de

España. Porque en los años cuarenta y cincuenta aún se habían agravado las cosas: la suma de

importaciones y exportaciones en relación al PIE había sido un 8 por 100.

Además las ventas al exterior eran, principalmente productos agrícolas y minerales, y eso les

daba una considerable variabilidad, condicionando nuestra capacidad de importar, que aún se

veía afectada adicionalmente por las dificultades de adquirir divisas vía préstamos o inversión

extranjera en aquellos años de aislamiento. El Plan de Estabilización y Liberalización de 1959

cambió radicalmente las cosas, inaugurando un proceso culminado en 1998 con la entrada en

la Unión monetaria. El mantenimiento de un compromiso continuo con la apertura exterior y

la cooperación monetaria creó un marco estable de política económica que facilitó la

adaptación de los agentes económicos privados.

La tensión hacia la apertura comercial y financiera se manifestó a través del empeño en la

integración europea, que mostraba cuál era el horizonte para los sucesivos gobiernos a partir

de 1959. En 1962, España solicitó ya la apertura de negociaciones para establecer una

asociación que pudiera desembocar en integración plena, mediante carta oficial. La falta de

respuesta obligó a rebajar objetivos y pedir dos años más tarde una relación especial; el

Acuerdo preferencial de 1970 fue su fruto. En 1977, el primer gobierno democrático hizo una

nueva demanda de adhesión y en 1985 se firmó el Tratado que solemnizaba la pertenencia de

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