El Derecho Procesal Administrativo

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO

El Derecho Procesal Administrativo tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la Administración Pública, así como mantener la eficacia del Derecho Administrativo a través de la función jurisdiccional, es decir, el Derecho Procesal Administrativo como disciplina jurídica es un conjunto de normas, debidamente ordenadas, sistematizadas, y jerarquizadas cuyo objeto específico es el ejercicio de la función jurisdiccional administrativa. La emisión de un acto o una resolución administrativa que se considera contraria a derecho, en primera instancia faculta a los afectados a utilizar como medios de impugnación los denominados recursos administrativos de carácter no jurisdiccional. Sin embargo, estos recursos administrativos son del conocimiento de la propia autoridad que emitió el acto o la resolución administrativa. La emisión de un acto o una resolución administrativa que considere contraria a derecho, en primera instancia faculta a los afectados a utilizar como medios de impugnación los denominados recursos administrativos de carácter no jurisdiccional. Sin embargo, estos recursos administrativos son del conocimiento de la propia autoridad que emitió el acto o la resolución en cuestión, o en su caso de su superior jerárquico, quienes en la mayor parte de los casos no actúan con la imparcialidad y justicia debida. Por lo tanto, el juicio contencioso administrativo o, también llamado juicio de nulidad se convierte en el medio de control jurisdiccional por excelencia, sobre los actos y resoluciones ilegales de la Administración Pública. Dé modo que, salta a la vista la importancia jurídica, política, y social de la función jurisdiccional administrativa, porque mediante ella, el Estado cumple en última instancia, con la obligación de administrar justicia, sin la cual la sociedad no puede subsistir, ni mucho menos desarrollarse. Dicha importancia queda de manifiesto en la Constitución Federal, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en el Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las cuáles definen y delimitan perfectamente el Proceso Administrativo, establece los órganos correspondiente para su ejercicio, y señala los recursos en contra de sus resoluciones, incluyendo al juicio de amparo que es el medio de control constitucional por excelencia.

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