El Estado Como Regulador De Desarrollo

El papel sustancial del Estado en la sociedad actual es el de asegurar la obtención de los beneficios de las empresas, permitiendo la acumulación de capital por parte de unas pocas personas (en comparación a la gran masa trabajadora) y el conservarlo privadamente con tranquilidad. Como estos beneficios deben ser constantemente ampliados por la repetición del circuito de producción descrito en capítulos anteriores, el Estado debe asegurar las condiciones para que exista un crecimiento económico suficiente para lograr este objetivo.

En términos generales, en la distribución de competencias e incumbencias corresponde asignar al Estado la responsabilidad primaria en el establecimiento de principios y pautas comunes de conducta para la protección ambiental. Esto incluye la sanción de marcos normativos que fijen parámetros de manejo sustentable para las distintas actividades económicas, el establecimiento de organismos de instrumentación, fiscalización y control verdaderamente operativos, y un órgano judicial con capacidad efectiva para ejercer sus funciones, afianzar valores y garantizar una efectiva tutela.

Desde ya, esto no excluye en absoluto las responsabilidades y acciones de la sociedad ni las instancias del mercado. Pero resulta claro que cualquier intento de resolución de los conflictos ambientales debe plantearse a partir de una política ambiental, cuyas recomendaciones y objetivos deben ser formulados desde las instituciones estatales, reguladoras de las inquietudes y necesidades de los distintos sectores sociales, políticos y económicos y articuladores de los intereses y expectativas de la comunidad.

En el mundo ya casi nadie discute que la dimensión de los problemas ambientales se agudizó con la revolución industrial y la explotación intensiva de los recursos naturales, pero la realidad es hoy mucho más compleja y el deterioro de las condiciones ambientales y sociales se origina en más de una fuente.

El notable desarrollo tecnológico de los últimos 50 años ha revolucionado las condiciones de vida de la humanidad, al tiempo que los efectos de ignorar las señales de advertencia de la naturaleza saltan a la vista, preocupan e inquietan. Ciertamente, no existe actualmente un sólo responsable ni un único abordaje posible para enfrentar la crisis ambiental. En este sentido, también la pobreza, las desigualdades, la precariedad laboral y la marginación constituyen graves deudas socios ambientales.

El concepto de Estado difiere según los autores,1 pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Max Weber, en 1919, define el Estado como una unidad de carácter institucional que en el interior de un territorio monopoliza para sí el uso de la fuerza legal.2

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