El Estado Y Su Politica Comunicacional

El Estado Venezolano y su Política Comunicacional

La definición de una política comunicacional necesita lineamientos claros procedentes de una concepción de la política, del pensamiento de democracia que se sustente. Los principios y valores que propugnan una política pública en materia de información y comunicación, serán los mismos fundamentos del modelo de democracia y consecuencialmente de su gobierno. Su puesta en acción posibilita la pluralidad necesaria en el ejercicio de los deberes y los derechos que amparan al ciudadano frente a las continuas violaciones a la libertad de recibir la información veraz y oportuna por parte de medios privados de comunicación y también de los medios orientados al servicio público. Es el conjunto de mensajes que circulan en el interior de un sistema político y que condicionan su actividad, tanto desde la formulación de demandas como la articulación de respuestas y que determinan, en consecuencia, la propia dinámica del proceso político. La política comunicacional (PC) son las acciones que se emprenden para alcanzar los objetivos propuestos. Son las iniciativas, las pautas, el método. La (PC) es algo que se planifica y no se puede dejar a la deriva.

Lo recomendable es que las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales organizaciones comunitarias piensen, planifiquen, su política comunicacional para evitar la improvisación.

Las características de la Política Comunicacional

Generar la democratización de los medios de comunicación; Activar la participación ciudadana; Establecer una contraloría social; Proteger a los niños, niñas y adolescentes; Impulsar una educación consciente para la recepción de mensajes de los medios de comunicación. El ciudadano podrá, en forma individual, promover y defender sus derechos e intereses comunicacionales; también podrá hacerlo de forma colectiva, para ello es necesario promover la asociación en comités de usuarios con el objetivo de dirigir solicitudes, quejas o reclamos vinculados con la programación de los prestadores de servicios de radio y televisión sean públicos o privados.

Características de la Comunicación Política

La comunicación política puede ser transmitida por cualquier medio oral, escrito, visual, audible, audiovisual, etc. y está implícita en todas las formas de interacción humana. La comunicación política contribuye a identificar los problemas nuevos. Abre canales de participación ciudadana para que la jerarquía legitimidad de los temas de la agenda política resulte de un juego de negociación. Marginar las cuestiones que han dejado de ser objeto de conflictos o respecto de los cuales existe un consenso temporal. Condiciona la construcción democrática y el desarrollo de las sociedades, influyendo en los niveles y recursos de la participación y la legitimidad en la inserción de problemas en la agenda pública y su resolución.

Fines de la política comunicacional

Desde este planteamiento, nuestros países necesitan expresarse en otros modos de significar, se necesitan medios de comunicación que contribuyan a construir espacios de diálogo entre los sujetos. Medios de comunicación difusores de otras experiencias, tradiciones y perspectivas explicativas de la vida que brinden significado a nuevos modos de grupos sociales, con mucho que decir al respecto, tales como los jóvenes, las mujeres, los grupos étnicos a través de la creación de políticas claras y coherentes que regulen el comportamiento, los contenidos y la propiedad de los medios de comunicación. MINCI (Ministerio Popular para la Comunicación y la información) y CONATEL (Comisión Nacional de telecomunicaciones) son los organismos encargados de dar coherencia y cumplimiento a la política de comunicación.

Con la iniciativa del Estado en materia de información y comunicaciones, se han sentado las bases para nuevas formas de relaciones entre política, poder y comunicación, nuevos modelos de participación ciudadana y de democratización del poder, que incluye el poder comunicacional manifestado en dos ámbitos: en el espacio político y en el espacio radioeléctrico. Se abren posibilidades de creación de nuevos espacios públicos para la ciudadanización de la política y el quebrantamiento de la apropiación actual de esos espacios públicos por el poder más mediático.

Construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia

Las funciones esenciales del Estado Social coinciden el Estado de Derecho, los pactos, tratados y convenios suscritos por Venezuela. Su finalidad radica en crear, conservar y comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las demandas y necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar general. Por ello, la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el propender a un desarrollo integral de la sociedad y del individuo, el establecimiento y la protección de los derechos humanos, siendo funciones indelegables del Estado. Aquellas que pueden acometer con mayor eficacia y eficiencia en la medida en que podríamos decir que son inherentes a la persona humana, funciones que cuadran al estado en virtud de los fines y medios que estén a su alcance, así como la mejor preparación de sus actores gubernamentales para ejecutar las tareas que la Constitución y las leyes de la República le emanan.

Por lo tanto, el Estado Venezolano en tiempos de la modernidad, estimula a sus conciudadanos a fomentar el espíritu de solidaridad, responsabilidad y ponderación en sus acciones ante otros organismos que no se inscriben en la función social. En este sentido, el cumplimiento de su función debe avocarse a orientar y apuntalar a la sociedad hacia la protección de los derechos humanos. No basta establecer bases teóricas y leyes para el entendimiento de estos derechos, sino que debe ir más allá, hasta llegar a la función de educar, proteger, asistir y colaborar con aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes les han sido inculcados sus derechos humanos. Estado social de derecho en nuestros días, tiene relación con el estado democrático, en efecto, el estado social de derecho ha experimentado las luchas ideológicas y políticas del siglo XIX. Sin embargo, este concepto fue desarrollado en el siglo XX.

El nacimiento del concepto de Estado de Derecho según sus consecuencias es producto de las críticas a la ideología liberal, tal como se había impuesto a partir de la revolución burguesa, y a su expresión jurídico constitucional, con las primeras Declaraciones de Derecho (Virginia de 1776 y la Declaración Francesa de 1789), y las constituciones, norteamericana de 1787 y revolucionaria francesas, a partir de 1791; es fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XIX que surge el cuestionamiento de la concepción liberal originaria. La transición desde la formalización o

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