El concepto de la responsabilidad penal corporativa

La actividad societaria en el mundo ha evolucionado junto a la globalización, entendida esta última como un proceso transformador que impone cambios tecnológicos, políticos, sociales y culturales, de lo cual no escapa la ciencia jurídica, en la medida en que se ha dedicado al estudio y análisis de nuevas instituciones. Esto ha generado un impacto notable en el ordenamiento jurídico de muchos países, dada la necesidad de uniformar criterios, teorías e incluso procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales, con el propósito de mejorar el escenario de la seguridad jurídica por las relaciones comerciales de interdependencia. Dentro de este marco, en cuanto a la responsabilidad penal empresarial, los principios clásicos del derecho penal establecen que las personas jurídicas no pueden delinquir, en virtud de carecer del elemento subjetivo para que se tipifique cualquier delito; es decir, no tienen voluntad y, en consecuencia, no puede imponérseles penas; ahora bien, debe reconocerse que en los últimos tiempos, el principio clásico del Derecho Penal, está siendo transformado, ya que en muchos países se considera que las personas jurídicas poseen responsabilidad penal, equiparándolas de esta forma a las personas físicas, con lo cual pueden ser objeto de sanciones de tipo penal.

Muestra de tal avance jurídico se observa en los modernos códigos penales de Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Francia, Portugal, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Brasil, España, entre otros países que siguen la tendencia de contemplar en sus respectivos sistemas penales sanciones punitivas frente al actuar delictuoso de personas jurídicas. Durante mucho tiempo, las actuaciones fraudulentas, corruptas, engañosas y sin escrúpulos, cometidas por las empresas, disfrutaban de una absoluta impunidad; pero, a la luz de la realidad social actual, la opinión pública entiende que dichas acciones empresariales deben ser sancionadas penalmente, pues la confianza pública se ha degenerado, a causa de administraciones engañosas en la cúpula de organizaciones de clase mundial. Para nadie es un secreto que América Latina sufre debido a la corrupción, la inestabilidad económica, el tráfico de influencias, el excesivo intervencionismo del Estado (en algunos países), lo cual genera un alto índice de riesgo país y causa, a su vez, que en este contexto las leyes penales deban sincerarse con la realidad social y experimentar una actualización. En tanto que, bajo la teoría clásica del derecho penal, figuras delictivas como la estafa, la apropiación indebida y el resto de delitos patrimoniales, son difícilmente sancionables, en la esfera del desempeño de las personas jurídicas dentro del moderno tráfico mercantil. El indiscutible aumento de la delincuencia de carácter económico, que en ocasiones es descrita con eufemismos tales como “estrategia empresarial” o “ingeniería financiera”, se ha visto favorecida por

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