El informe sobre la reforma chilena de los sistemas de salud, en la perspectiva de los derechos humanos

Este informe revisa la reforma al sistema de salud chilena desde la

perspectiva de los derechos humanos. Para ello primero examina los

principales elementos que informan las políticas públicas desde una

perspectiva de derechos, junto a las normas internacionales y nacionales que

regulan el derecho a la salud. Seguidamente, sitúa el estado de la salud en

Chile a través de los principales indicadores sanitarios del país a la fecha de

discusión de la reforma.

Desde los años ochenta, el sistema de salud se caracteriza por una

dualidad público-privada, de escasa complementariedad o interacción y altos

niveles de discriminación, inequidad y segmentación. Para iniciar el proceso,

el primer paso fue establecer los objetivos sanitarios para la década, base para

la formulación de la reforma. Luego se promovieron los principales elementos

de la reforma al sistema de salud, que se abordan en el estudio, con especial

énfasis en las Garantías Explícitas (GE) y las modificaciones a la

institucionalidad, seguido por un análisis de su discusión y la interesante

estrategia política que se empleó para su aprobación.

Posteriormente, el análisis se divide en dos partes: una responde a la

pregunta sobre la contribución de la reforma a la realización del derecho a la

salud, y la otra, a la interrogante de si la reforma es una política enfocada

desde una perspectiva de derechos. Si bien las políticas enfocadas en derechos

tienen su fundamento en las obligaciones de los Estados con el Derecho

Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), es posible hacer un análisis

desde dos aspectos diferentes. Uno que mide el grado de cumplimiento de las

obligaciones del Estado con los instrumentos internacionales y larealización

del derecho gracias a la nueva política, y otro distinto que evalúa en qué

medida la política se encuentra diseñada desde una perspectiva de derechos.

Ambas miradas presentan elementos comunes que pueden superponerse; sin

embargo, es conveniente hacer la distinción con el fin de abarcar una mayor

gama de elementos útiles para la discusión.

A la primera interrogante se responde que la reforma cumple la obligación de realizar el derecho a la

salud y avanza con mayor o menor decisión en distintas obligaciones internacionales. De la segunda, surge

que es posible establecer un mecanismo de priorización sanitaria (o en general de priorización pública)

mediante el reconocimiento de derechos.

Finalmente, se discuten algunas de las lecciones obtenidas a partir de los antecedentes estudiados,

incluyendo el valor intrínseco del enfoque de derechos, las garantías explícitas y las políticas centradas en las

personas,

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