El progreso, ¿ayuda o perjudica a los pueblos indígenas de México?

El progreso, ¿ayuda o perjudica a los pueblos indígenas de México?

La respuesta más obvia es sí, porque es común asociar el progreso con el desarrollo humano. El progreso ha sido buscado por todos los pueblos en su búsqueda de la felicidad, pero al final el progreso es un concepto relativo y lo que significa para algunos puede ser diferente de lo que significa para otros. Ese relativismo del progreso nos hace conscientes de que no hay una manera única de alcanzarlo, pero cualquier camino que se elija en este sentido debe tomarse respetando a aquellos que no comparten nuestro pensamiento.

México ha sido un país que ha avanzado en muchos aspectos, pero el modelo neoliberal dominante en la actualidad no ha sido suficiente para crear las condiciones que sus ciudadanos/as necesitan para desarrollar todo su potencial. La idea neoliberal del progreso ha acentuado las desigualdades y el estado de miseria en que viven las comunidades indígenas, y ha ignorado también las importantes contribuciones que nos han hecho en términos de su visión del mundo y de su armonía con la naturaleza.

Haciendo un recuento histórico, tradicionalmente los pueblos indígenas han compartido una relación espiritual, cultural, social y económica con la tierra. Sus leyes, costumbres y prácticas reflejan tanto el apego a la tierra como la responsabilidad por su conservación para las generaciones futuras. Ayer y hoy ellos han defendido la propiedad colectiva de sus tierras porque entienden que toda la comunidad debe ser beneficiaria de su riqueza, y que la supervivencia física y cultural de su gente depende del buen uso de la tierra y sus recursos.

Pero más tarde llegaron los europeos y trajeron consigo progreso al estilo occidental junto con una administración mercantilista de la tierra, despojando a sus dueños originales para explotarla. Esto se ha perpetuado a través de los siglos y hoy los pueblos indígenas son forzados a abandonar su tierra en nombre del ‘interés nacional’, sin hacerlos partícipes de lo que les corresponde por los beneficios generados por la explotación de los recursos naturales.  El Estado ha legalizado e impulsado un modelo que dista mucho de proteger la tierra en favor de sus habitantes tradicionales, que no son escuchados ni involucrados en los procesos políticos que definen su destino.

Los proyectos de desarrollo en México siguen causando perjuicios ambientales. Agotan los recursos hídricos, geológicos y forestales, desarrollan actividades económicas que amenazan los frágiles ecosistemas de la tierra y causan daños en grandes extensiones habitadas por las etnias indígenas.

A manera de ejemplo está lo que ocurre en la sierra norte del estado de Puebla. Los habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlán señalaron que a partir del año 2014 empezaron a resentir los efectos de la etapa de exploración realizada por la empresa canadiense Almanden Minerals, debido a que aumentó la escasez del agua para cultivo y para el consumo humano. Apuntaron que en la demarcación 16 por ciento de las viviendas carece de agua entubada de la red pública y, si se concreta la fase de extracción de metales preciosos del proyecto minero, la disponibilidad del agua para la ciudadanía se vería gravemente disminuida. En esta misma etapa la calidad del agua se ha visto comprometida por la contaminación por uso de sustancias tóxicas, e indicaron que a la fecha han muerto 30 cabras, propiedad de una de las familias de esa misma comunidad, luego de que bebieron agua de un arroyo que recibe descargas del laboratorio-bodega que utiliza la minera canadiense. (Fuente: Violan Comexhidro y Almaden Minerals derecho humano al agua, denuncian ante ONU. Mayo 8 de 2017. http://admin.municipiospuebla.mx/nota/2017-05-08/huauchinango/violan-comexhidro-y-almaden-minerals-derecho-humano-al-agua-denuncian)

Las problemáticas derivadas de esto no son sólo ecológicas, las consecuencias sociales son muy graves. El abandono en el que viven suele obligar a los hombres y mujeres indígenas a emigrar para trabajar en las urbes, donde sufren desarraigo, discriminación, explotación y pobreza. Las comunidades se dispersan y su cultura desaparece gradualmente, y quienes se quedan ven disminuida su calidad de vida y sufren de ‘enfermedades de la pobreza’ asociadas con la desnutrición, falta de higiene y carencia de servicios básicos.

Hace mucha falta que a los pueblos indígenas se les reconozca legalmente su derecho a la titularidad de las tierras que habitan, así como al uso y acceso a los recursos naturales que ahí se encuentran. El gobierno mexicano normalmente ha favorecido a las empresas y respaldado su afán de lucro en nombre del progreso, ofreciendo tan sólo beneficios compensatorios como la construcción de aulas, hospitales o alguna que otra infraestructura en las comunidades afectadas. Ese modelo compensatorio llega aún más lejos al implementar programas asistenciales como las ‘cruzadas contra el hambre’, creando una relación de dependencia del Estado que atenta contra la dignidad individual. La participación de los pueblos indígenas en los proyectos de desarrollo será una realidad si se les consulta y se les permite decidir sobre asuntos que afectan sustancialmente sus tierras y sus medios materiales, culturales y espirituales. También se les deben ofrecer puestos de trabajo con un salario digno, junto con más y mejores oportunidades de formación profesional, para que puedan satisfacer sus necesidades por sí mismos.

Los pueblos indígenas no tienen que prohibirse el progreso inteligente que toma en cuenta sus circunstancias y sus dificultades para vivir en una sociedad capitalista. La mayoría de ellos lo aceptan y lo entienden y, para asegurar su bienestar y sostenibilidad, intentan adaptarse y renovar su cultura en la medida necesaria para convivir armoniosamente con el resto de la sociedad. Ellos cambian para participar en los avances que mejoran su calidad de vida, pero hay que tomar medidas reales para que sus derechos no queden como mera retórica y temas de discusión en una agenda legislativa. El progreso debe incluir siempre la seguridad jurídica de los pueblos indígenas y su comunidad, el reconocimiento de sus derechos colectivos, el respeto a su cultura y organización social. Es esencial que la sociedad en su conjunto entienda la importancia de estos pueblos para la vida de las naciones y valore y aplique sus conocimientos y experiencia en la comprensión, la preservación y la protección del medio ambiente.

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