El sistema ferroviario

El sistema ferroviario sufrió gran deterioro a causa de su abandono durante el período de la Revolución mexicana. Después de la Revolución, la totalidad del sistema ferroviario mexicano fue nacionalizado entre 1929 y 1937. En 1987, el gobierno fusionó las cinco empresas ferroviarias regionales con FNM. Los años posteriores de la época de nacionalización de los ferrocarriles en México fueron marcados por dificultades financieras por parte de FNM. La empresa acumuló un déficit operativo de $552 millones de dólares (37 % de su presupuesto de funcionamiento) en 1991. La competencia con otros modos de transporte de carga, tales como los camiones y el transporte marítimo, disminuyó la cuota de mercado de los ferrocarriles alrededor del 9 % o sea alrededor de la mitad de la cuota que tenían los ferrocarriles una década antes.

Actualmente los ferrocarriles privados, especialmente Ferromex y KCSM han logrado aumentar la participación a casi el 27% de las toneladas de carga en el país. Los sectores más beneficiados ha sido: automotriz, agrícola (granos) y carga interportuaria (contenedores) quienes han visto en el ferrocarril mayor puntualidad, mayor seguridad contra los asaltos a unidades nuevas y entornos con menos accidentes.

Privatización[editar]

Después de la terminación de la segunda guerra mundial, hubo grandes inversiones en reconstrucción de vías y compras excesivas de locomotoras y carros en Ferrocarriles Nacionales de México (FNM). El tráfico de carga creció con una capacidad superior a la necesaria, con enormes subsidios y endeudamiento creciente. En la segunda mitad de la década de los ochenta, a pesar de los aumentos tarifarios por encima de la inflación y que el Gobierno Federal asumió parte importante de la deuda ferroviaria, los FNM avanzaban hacia la crisis con pérdidas crecientes y círculos viciosos difíciles de romper.

Ante esa situación y en preparación para el cambio, entre 1991 y 1994 los FNM establecen un Programa de Cambio Estructural. En 1995 se reforma el cuarto párrafo del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esa modificación los ferrocarriles dejaron de ser área estratégica en manos exclusivas del Estado, para permitir la participación social y privada en dicha actividad.

Después de analizar diferentes alternativas de apertura al sector privado, la SCT tomó la decisión de adoptar el modelo de segmentación regional de la red, para ser operada por empresas privadas integradas verticalmente. Las licitaciones constituyeron la parte más compleja y prolongada del proceso. Las concesiones se otorgaron en primera instancia a empresas públicas regionales, en las que se subdividió FNM, expresamente constituidas, para luego vender las acciones representativas de las mismas a la empresa privada que ofreciera la mayor contraprestación para el Estado.

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