En relación a la privatización se puede concluir que sí cumple con la satisfacción del interés general

En relación a la privatización se puede concluir que sí cumple con la satisfacción del interés general, finalidad del acto administrativo. Lo anterior derivado de que la privatización debe entenderse con un criterio moderado, y debe enmarcarse en contextos más amplios y profundos, en respuesta a los objetivos trascendentales de la sociedad. Daniel Nallar, con acierto, observa que la privatización transcurre en el campo de la técnica y en el de la política, de tal forma que en su desarrollo se deben cubrir las necesidades y exigencias de ambos. El equilibrio entre lo técnico y lo político, sin duda exige de una buena dosis de prudencia. Esta concepción de la privatización técnica sujeta a una evaluación prudente en su aplicación permite afirmar que es un método que puede o no ser conveniente, y que su implementación exige un acto de recta razón y juicio recto por parte del gobernante. En suma, no puede estarse a priori a favor o en contra de la privatización, sino que debe considerarse como una potencial solución, como una opción a la que se acudiría luego de una reflexión seria y conforme con las realidades, según los parámetros de un marco jurídico caracterizado por la transparencia y la exigencia de rendición de cuentas. Además, la privatización no debe constituir un procedimiento ciego, sino encuadrado en un contexto de planificación económico-social, en el cual es indispensable tener claros los objetivos de bien común a los que se servirán.

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