Ensayo De Código De Justicia Administrativa De Michoacán

Capítulo ll. ENSAYO SOBRE EL CONTENIDO DEL

CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Antes de hablar del contenido del Código que nos ocupa en este trabajo, considero de vital importancia mencionar el significado de JUSTICIA ADMINISTRATIVA, para ello citaré la definición de Héctor Fix Zamudio que nos dice lo siguiente:

“Género en el que se comprenden todos los instrumentos que los diversos ordenamientos han establecido para la defensa tanto de derechos subjetivos como de los intereses legítimos de los administrados frente a la actividad de la administración pública.”

Por otro lado Andrés Serra Rojas, nos dice:

“La justicia administrativa es el conjunto de principios y procedimientos que establecen recursos y garantías para la defensa de los particulares”

Por lo tanto tenemos que la Justicia Administrativa, es el medio aplicable para la solución de controversias que pudieran surgir entre la Administración Pública y los particulares, con la finalidad de combatir las irregularidades que pudieran presentarse tanto respecto a obligaciones y derechos de los sujetos sobre los que recae dicha Justicia.

Dicho lo anterior, procederé a hablar sobre el contenido del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, para lo cual considero que es necesario enumerar los temas que aborda el mismo, los cuales son:

- Acto Administrativo

- Procedimiento Administrativo

- Tribunal de Justicia Administrativa

- Proceso administrativo

Ahora ¿Cuál es el significado de cada uno de los términos anteriores?, pues bien empezaremos por definir lo que es un acto administrativo, que el mismo código define como:

“La manifestación unilateral de la voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de las autoridades administrativas en el ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la satisfacción del interés general, que tiene por objeto crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta”.

Es decir es cualquier acto que tenga por finalidad dirimir cualquier controversia administrativa que surja de un hecho en particular que haya determinado una situación jurídica en específico. Es pues cualquier decisión que tome algún órgano de la administración pública que surte efectos jurídicos sobre el particular (el administrado).

Para que un acto administrativo tenga validez, el código nos señala los diversos elementos que necesita, entre los que encontramos:

• Ser expedidos por autoridad administrativa competente

• Que éste sea emitido sin que medie algún vicio o error en la manifestación de la voluntad

• Que el objeto del acto administrativo, sea posible de hecho así como también que dicho objeto se encuentre previsto en las nomas.

Una vez que un acto administrativo se declara válido, éste surtirá sus efectos al momento de la notificación realizada, y las autoridades que estén facultadas para ejecutarlo podrán hacer uso de los medios de ejecución que la misma ley señala como puede ser la multa o algunos actos ejercidos sobre la persona involucrada para presionar y lograr la ejecución del acto.

Un acto administrativo puede extinguirse por distintas causas las cuales pueden ser:

• La revocación por causa de interés público

• Conclusión de su vigencia

• Renuncia del particular a seguir con el acto, o bien

• El cumplimiento de la condición resolutoria.

Posteriormente encontramos en el Código, el procedimiento administrativo, del cual tenemos la definición de Rafael I. Martínez Morales que nos dice:

“El procedimiento administrativo es la serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo”.

Tenemos entonces, que un procedimiento administrativo puede ser entendido como la relación entre determinados actos encaminados a producir y/o ejecutar un acto administrativo, es pues la serie de actos que la autoridad administrativa lleva a cabo para lograr la creación y realización de un acto administrativo.

Dentro de la información que el Código nos presenta sobre este tema, encontramos, al igual que en el acto administrativo, los elementos o formalidades que deben existir para que sea válido, dentro de los cuales se debe incluir:

• A qué autoridad va dirigida

• El nombre de los particulares que lo solicitan

• El domicilio donde se pueden recibir las notificaciones correspondientes

• La pretensión que motiva el proceso

• Los hechos sobre los que recae la iniciación del mismo

• Pruebas necesarias para el mismo

Si alguno de estos requisitos hace falta, la autoridad informará al particular involucrado y se le otorgará un término de 3 días hábiles, después de recibida la notificación, para corregir la falta.

El código nos señala, que en todo proceso, pueden intervenir hasta tres partes:

• Parte actora: una autoridad o un particular

• Parte demandada: autoridad responsable de la resolución que se impugna

• Autoridad ejecutora: titular de la dependencia a la que se encuentre subordinada la parte demandada.

Nos menciona también las formas de conclusión del procedimiento administrativo dentro de las cuales encontramos:

• La resolución definitiva que emita la autoridad correspondiente;

• El desistimiento;

• La imposibilidad material de continuarlo por causas supervenientes; o,

• La declaración de caducidad de la instancia.

Encontramos, las causas por las cuales procede de oficio la declaración de caducidad de la instancia:

• Cuando se trate de procedimientos administrativos iniciados de oficio, a los tres meses, contados a partir de la última actuación administrativa; o,

• Cuando se trate de procedimientos administrativos iniciados a petición del particular, procederá sólo si el impulso del particular es indispensable para la continuación del procedimiento, y operará a los tres meses contados a partir de la última gestión que se haya realizado.

Ahora, el Tribunal de Justicia Administrativa, que acorde con el Código tenemos que:

“Es el máximo órgano encargado de dirimir controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades administrativas y fiscales y los particulares”.

Dicho Tribunal es pues, la autoridad responsable de aplicar todas las disposiciones que tienen su fundamento en las controversias administrativas

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