Enviando Regalos

El altísimo número de muertos y heridos debido a accidentes de tránsito constituye un grave problema aún sin resolver en el Perú. Según las estadísticas elaboradas por la Policía Nacional, desde el año 2000 a la fecha se ha registrado una alarmante cifra de más de 700,000 accidentes. Una década nefasta que ha originado más de 31,000 muertes, principalmente por negligencia o imprudencia de los conductores. El Ministerio de Salud informó recientemente, que alrededor de 117.900 personas quedaron discapacitadas de por vida por accidentes de tránsito, en los últimos cuatro años. La atención sanitaria de estas víctimas, la mayoría entre 15 y 39 años de edad, cuesta alrededor de 150 millones de dólares anuales, cifra que representa el 0,17 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), según cálculos oficiales.

La mayoría de accidentes se produce en el rubro del transporte público urbano e interprovincial. El inadecuado funcionamiento de este sector empieza cuando se convierte en refugio de quienes por falta de un empleo formal recurren a este oficio, sin vocación, ni calificación. Esto, sumado a la ausencia de una coherente política estatal, a través de los años, se ha convertido en un caótico sistema cuyas ganancias se obtienen -salvo algunas excepciones- sobre la base del mayor tiempo que el chofer está al volante, el mayor número de kilómetros recorridos y el mayor número de pasajeros. Ha devenido en un mecanismo intrínsecamente perverso, que incluso ha construido un singular código de comportamiento donde se han relativizado los valores y adormecido conciencias, cuyo lema parece ser “vale todo”, convirtiéndose en una tiranía que se impone en las pistas y carreteras. Mientras no se reestructure el esquema empresarial y laboral del transporte público, muy poco se puede avanzar.

Entre tanto, el Ministerio de Transporte ha creado escuelas para choferes, continúa con el Plan Tolerancia Cero -que no ha dado resultado- y recientemente ha puesto en vigencia un nuevo Reglamento de Tránsito que crea y endurece sanciones.

Exigir la articulación de políticas eficientes entre el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales, municipalidades, Poder Judicial, Policía Nacional, SUNAT e INDECOPI; va más allá de acciones que correspondan sólo al terreno de la fiscalización y el control, necesarias pero insuficientes para revertir esta grave situación. Es un error pretender reducir los accidentes de tránsito, desde un verticalismo estatal, tratando a los transportistas como elementos pasivos en la solución del problema, cuando por el contrario, deben ser considerados como agentes activos del cambio. De poco o nada sirve que un conductor evite infringir la ley sólo porque puede ser sorprendido en el acto, es a esto a lo que se reducen los planes de fiscalización. Lo verdaderamente efectivo radica en lograr que los transportistas decidan

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