Estado interventor

ESTADO INTERVENTOR.

En el contexto histórico y sociopolítico que caracteriza a los países Latinoamericanos contemporánea, Estado y élites públicas aumentan incesantemente sus intervenciones, funciones y espacios, sus poderes y recursos, sus instrumentos y mecanismos, sus tendencias crecientes al monopolio político, a la autonomía y a la rectoría de la sociedad y el desarrollo. El Estado, considerado como la unión entre el aparato-institución- grupo social, se convierte en el actor central de esta sociedad, producto de ésta, pero también cada vez más su productor, factor decisivo de su estructuración y de su continuidad, de sus adaptaciones y sus cambios.

El Estado se institucionaliza a sí mismo y a las principales fuerzas y relaciones de la sociedad. Produce legitimidad y consenso para su propio poder y para el sistema. Instaura y reajusta el orden jurídico. Asume y realiza funciones de organización colectiva y políticas socioeconómicas, de coacción social, cultural-ideológica y educacional, y de relaciones internacionales.

Las funciones de organización colectiva y políticas socioeconómicas aumentan la intervención del Estado y refuerzan su papel en cuanto a la regulación de la disponibilidad y uso de recursos, la distribución de bienes, servicios e ingresos, la jerarquización de las necesidades y sus satisfactores, la fijación de fines y opciones. El Estado se va volviendo empresario, creador y administrador de servicios, infraestructuras económicas y sociales, actividades de base y de avanzada. Produce, compra y vende bienes y servicios. Es un inversor directo y sostén de la inversión privada. Contribuye al mantenimiento del nivel de ocupación, de ingreso y de consumo de la población (empleo burocrático, servicios y transferencias sociales). Asegura el financiamiento público de la producción y de la rentabilidad de la gran empresa privada. Asume políticas compensatorias, de prevención y superación de crisis.

El Estado y las élites públicas refuerzan y ajustan un aparato de coacción y controles sociales, asumiendo funciones de represión, de dirección y regulación, de mediación y arbitraje entre clases y grupos, instituciones y espacios, entre sus contradicciones y conflictos, con miras a la integración y equilibrio social y al logro del más alto grado posible de unidad nacional bajo las políticas de Estado.

En la autonomía del Estado confluyen un conjunto de fuerzas y procesos. Ante todo, el Estado proporciona las condiciones que garantizan la existencia y reproducción de un sistema incapaz de lograrlas por el funcionamiento espontáneo y la acción exclusiva de una fracción o clase dominantes, de empresas privadas y del mercado. A partir de ello, el Estado vuelve a intervenir en las condiciones que lo producen, y las desarrolla en refuerzo de su propio avance. Se aumenta, concentra y centraliza nuevos poderes y recursos; defiende sus intereses propios como aparato, institución y grupo.

En el mismo proceso, el Estado se ve presionado y penetrado por los principales actores sociales, cuyos intereses y conflictos son asimilados y servidos por distintos grupos de las élites gubernamentales, bajo forma de luchas fraccionales y divergencias de orientaciones y logros en las políticas públicas. El Estado tiende así a adquirir un carácter difuso que desborda su institucionalización formal; se ve perturbado en su diferenciación neta como Estado.

El personal político y administrativo, la burocracia civil y militar, crece y se refuerzan, se especializan y desarrollan sus propios intereses y poderes, están más condicionados por su actuación en y para el Estado que por cualquier otra circunstancia, incluso las filiaciones y relaciones

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