¿Estados Fallidos? México y Venezuela Francisco Olguín Uribe

¿Estados fallidos?

Francisco Olguín Uribe

México es un “estado fallido a merced de la violencia, la desigualdad y el narcotráfico” afirmó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el pasado 19 de mayo. Días después, su canciller Delcy Rodríguez acusó de desvergüenza al secretario Luis Videgaray por denunciar la situación de su país cuando México vive “graves violaciones a los derechos humanos” y lo retó a un debate en la Asamblea General de la OEA a celebrarse del 19 al 21 de junio en Cancún.

Responden esas agresiones verbales a la posición de México en la OEA sobre la situación en Venezuela y su apoyo al llamado del Secretario General de la ONU, António Guterres, a "la adopción de medidas concretas de todas las partes para reducir la polarización y (…) enfrentar los desafíos del país en beneficio del pueblo venezolano".

¿Debe México intervenir en este tema? La ONU estima que México y Venezuela registran las más graves violaciones de derechos humanos en América Latina. El comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein declaró en 2015 que México es “un cruel ejemplo de cómo la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas logradas con esfuerzo”.

El International Institute for Strategic Studies (IISS) calificó a México como el segundo país en conflicto con mayor número de muertes en 2016, solo después de Siria (23,000 y 60,000 respectivamente). Vivimos en creciente inseguridad por el crimen organizado y un deficiente sistema de justicia. Los logros democráticos se ven mermados por abusos de los partidos políticos y escandalosos casos de corrupción de nuestros gobernantes.

Pero el desalentador panorama nacional palidece frente al reto que enfrenta Venezuela. La población sufre hambre y graves carencias, su gobierno no muestra capacidad de respuesta y la crisis puede tener consecuencias para la paz y seguridad regional. ¿Cómo llegó a esto el país que tenía el PIB per cápita más alto de América Latina en términos de poder adquisitivo?

La riqueza petrolera de Venezuela ha sido históricamente mal administrada. La mayor parte de su población vive en pobreza, la inflación ha sido recurrente y ha dependido en exceso del energético. Cuando Hugo Chávez fue electo presidente en 1998 el precio del barril era de $11 dólares, pero desde 1999 aumentó progresivamente hasta $88 en 2008 y, tras breve baja por la crisis mundial, se mantuvo entre $84 y $103 de 2011 a 2014.

Con esa bonanza Chávez nacionalizó cerca de 1,200 empresas con la justificación de que se trataba de áreas estratégicas o compañías explotadoras. Inició con multinacionales (incluida CEMEX) pero llegó hasta pequeños negocios de ciudadanos venezolanos y provocó que dos millones de empresarios y cuadros técnicos emigraran a otros países llevándose sus capitales y capacidades.

Chávez también elevó el gasto social: construcción de vivienda, salud pública, sistema nacional de empleo, creció la matrícula universitaria y la pobreza se redujo. Favoreció a sindicatos y líderes empresariales que estaban de su lado. Aumentó la ayuda externa con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Petrocaribe, que le ganaron simpatías en el exterior. En 2009 logró 54.8 por ciento de apoyo en el referéndum para reformar la constitución que permitió su reelección indefinida.

Pero sus reformas no promovieron la productividad. Para sostener el creciente gasto social y los subsidios a las empresas nacionalizadas (que quedaron en las manos no siempre aptas de diversos fieles al chavismo) no bastaron los ingresos petroleros, aumentó la inflación y la deuda externa. Controles de precios y del tipo de cambio distorsionaron el mercado y trastornaron al sistema financiero. Aumentaron contrabando, corrupción y transferencias a cuentas en el exterior.

A la muerte de Chávez en 2013, Maduro fue electo por ajustadísimo margen: 50.66 contra 49.07 por ciento de Henrique Capriles. Y la maltrecha economía venezolana hizo crisis por la baja de los precios del petróleo: de $108 dólares por barril a mediados de 2014 cayeron a $28 a inicios de 2016. El impacto de esta brutal caída de 72 por ciento en una economía burocratizada y petrolizada fue tremendo. Escasean alimentos, medicinas y productos básicos. Ante medidas económicas inadecuadas y hostigamiento al sector privado, la recuperación económica parece imposible.

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