Estrategias De Aprendizage

EL ROL DEL MAESTRO ANTE EL MALTRATO Y EL ABUSO DE MENORES.

MEDIDAS PREVENTIVAS.

Maestro, según nuestras enciclopedias, es aquel que enseña un oficio, arte o labor. Deriva del latín Magister -voz que ya se utiliza hacia el año 983 D.C.- y significa, propiamente, “jefe directo”. A su vez, Maestro genera otras palabras; verbigracia, Magistratura, “el que se ocupa de funciones públicas”.

Como se observa, el mensaje de la etimología pareciera estar alejado de las acepciones actuales de Maestro. Sin embargo, no subyace ningún contrasentido si se afirma que un maestro es un magistrado, un jefe directo.

La realidad social y familiar requiere que el maestro extienda su labor. La misma es mucho más abarcativa, como lo es también el desempeño de las escuelas. Éstas poseen una responsabilidad capital para colaborar con el bien común, ya que, a la mayoría de las instituciones educativas de esta ciudad asisten niños y adolescentes diariamente, durante doce años (siete del primario y cinco del secundario), en procura de recibir capacitación académica y formación para el desarrollo de sus vidas, en el sentido más amplio de la palabra.

Es en la escuela donde cumplen un papel importante la información y prevención referidas a los temas que puedan vulnerar los derechos de niños y adolescentes. Insertos en esos temas se encuentran el maltrato y -dentro de éste- el abuso sexual de menores, hechos que alteran la salud de la sociedad. El reconocimiento social de los mismos es consolidado internacionalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX.

a) Realidad actual de maestros y escuelas:

Los resultados obtenidos de informes recibidos por parte de maestros y directivos de escuelas son los siguientes:

Generalmente, no son fácilmente detectables por los docentes los casos de maltrato infantil emocional y psicológico, como tampoco lo es el abuso sexual, a causa de carecer de herramientas para ello.

Resulta, obviamente, más detectable el maltrato físico. No obstante, el mismo suele ser ocultado, minimizado o atribuido a otras causas por la propia víctima (“...me caí...”, “...jugué con mi hermano y me golpeé...”, etc.). Se escucha a docentes que, frente a casos de maltrato físico, manifiestan: “Es un problema que se presenta, pero nos sentimos superados..."

En las escuelas privadas, que poseen gabinete psicopedagógico, en especial se centra la atención en maltratos emocionales cuando, por ejemplo, existe un alumno muy exigido por sus padres, quienes le requieren un puntaje alto en cada materia, que el niño no logra. Esto lo paraliza más, presentando un aumento en sus problemas de aprendizaje.

Asimismo, en algunas escuelas privadas, se forman grupos de padres que tienen reuniones periódicas para intercambiar ideas y mejorar su rol paternal; pero esto no se logra en otras instituciones.

En las primeras, por lo general, el tema que más preocupa es el consumo de droga. Corrientemente, las sospechas (no investigadas) de maltrato son mayores en las escuelas de jornada completa. Algunos docentes estiman que ello se debe a que la familia tiene menor control y contacto con los hijos, entendiendo que en las escuelas con jornada simple existe una mayor contención familiar.

Cuando es detectado un caso de violencia en un niño (comúnmente física), se cita a los padres o al padre violento, con el fin de encausarlos hacia un tratamiento psicológico, que, a menudo, es resistido por una cuestión cultural.

En tanto, si se advierten signos de maltrato en un alumno del colegio secundario, los docentes no ahondan -no por carencia de voluntad, sino por falta de herramientas- ni se interiorizan del caso. Procuran introducir en las materias que se encuentran a su cargo generalidades respecto al trato que tienen que dar y recibir de sus padres u otros adultos familiares o no familiares que frecuentan.

Lo concreto es que un gran número de maestros y directivos de escuelas no saben cómo enfocar una denuncia de maltrato. Si es un colegio privado, citan a los padres, pero éstos no reconocen la existencia de maltrato y, en el siguiente período escolar, cambian al menor de institución educativa.

Otra dificultad que se presenta es que, por ejemplo, para la capacitación de docentes en temas como drogadicción, las escuelas que la realizan tienen que hacerse cargo del pago de los aranceles de los cursos, pues saben que, de lo contrario, los docentes no podrán asistir. Esta situación se relaciona con los diversos problemas laborales en el país y las bajas remuneraciones de los docentes.

Las tareas de prevención más desarrolladas se refieren a: drogadicción; cómo abordar la rebeldía de un adolescente; educación sexual; SIDA. La educación sexual tiene prioritariamente por objeto la prevención respecto a evitar contraer el SIDA y embarazos prematuros.

En el Cuerpo Interdisciplinario de Violencia Familiar (creado en el ámbito del Ministerio de Justicia) figuran, en último término, las denuncias provenientes de instituciones educativas, en su mayoría a través de la Defensoría de Menores (están por debajo de las denuncias realizadas por Hospitales). Existen, asimismo, más denuncias provenientes del fuero penal que de las escuelas, puesto que, si bien en la justicia penal puede dictarse el sobreseimiento del imputado por maltrato, cuando existen sospechas de la existencia del mismo, algunos jueces elevan el caso, dándose intervención a dicho cuerpo.

Dentro de las escasas denuncias de maltrato por parte de las escuelas, la mayoría proviene de escuelas municipales. En ellas, por el comunicado 8/95, se impartieron normas a las que deberán sujetarse los docentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Estas normas, que imponen un procedimiento a seguir, sólo contemplan situaciones de alto riesgo, dejando en manos de los Equipos de Orientación Escolar, de los médicos del SAME y/o del Equipo del Programa por la No Violencia en las Escuelas la facultad de realizar o no la denuncia judicial.

Ante innumerables situaciones en las cuales, al ser citados los padres por el Equipo de Orientación, se procedió al retiro del niño supuestamente maltratado o abusado del establecimiento escolar, estimamos que en muchos casos estas intervenciones logran el efecto contrario al perseguido por la ley. Por tal motivo, entendemos que, con el fin de realizar un verdadero seguimiento y control de los presuntos casos de maltrato y abuso, la obligatoriedad de la denuncia ante las Defensorías de Menores, o ante el Cuerpo Interdisciplinario de Violencia Familiar, debe cumplimentarse.

Sin menoscabo de lo expuesto en el párrafo anterior, debe siempre actuarse con la debida prudencia y entrenamiento en el tema, tomándose

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