Examen Periódico Universal

EPU

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se encarga de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos de los 193 países miembros de la ONU.

El Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el propósito de examinar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y realizar recomendaciones al respecto. Este Consejo está compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas, los cuales son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El EPU es una revisión entre Estados, donde examinan a cada uno de sus integrantes y lo hacen a través de:

• Informe Nacional preparado por el Estado sobre la situación de derechos humanos.
• Recopilación que prepara la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con información relativa a la situación de derechos humanos del país bajo examen, que proporciona el Órganos de Tratados y Procedimientos Especiales de la ONU.
• Resumen de 10 páginas realizado por la OACNUDH, con información provista por las organizaciones de la sociedad civil y otros actores interesados en el tema.

Cada cuatro años es examinado un Estado en una sesión de tres horas que consiste en la presentación de su informe y un diálogo interactivo con todos los Estados Miembros para analizar el avance de los derechos humanos y hacen las recomendaciones pertinentes con el fin de mejorar ciertos aspectos de preocupación.

En México, como en muchos países, la discusión sobre la libertad de expresión es inmensa, es decir, nadie sabe a ciencia cierta dónde inicia ni donde concluye. Por tal motivo, las personas y organizaciones que se dedican a promover y defender los derechos humanos, y los periodistas mismos, se enfrentan a diferentes peligros como hostigamiento, desprestigio, detenciones arbitrarias, secuestro, tortura, amenaza de muerte, asesinato y en ocasiones a la desaparición forzada y lo más grave sufren dentro de la seguridad pública una inseguridad.

Por lo anterior, las organizaciones civiles de derechos humanos y periodistas se manifiestan por la falta de respuesta de las instancias correspondientes y responsables de cuidar el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos requiere emprender acciones y propuestas para impulsar medidas en prevención, protección e investigación. Pese a que los artículos 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablan de proteger los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información, siguen acudiendo a instancias internacionales, debido a la falta de respuesta en nuestro propio país y tal vez la mala jurisprudencia de nuestras leyes.  

En 2009, el primer EPU para México, aceptó 91 recomendaciones, dentro de esas el tema de proteger frente a los ataques a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a los periodistas; sin embargo, las organizaciones siguen tocando el tema de riesgo, además de propuestas para defender el derecho a la libertad de expresión, con el objetivo de impulsar un cambio que permita el acceso a la justicia, la protección de la labor de las y los defensores y con ello la mejora de la democracia. Aunque el Estado se comprometió a protegerlos, esas recomendaciones siguen en el claroscuro.  

Para el 2013, en el segundo EPU, México aceptó 166 recomendaciones, de esas 24 fueron sobre la seguridad a defensores de derechos humanos y periodistas, pero en la actualidad, las defensoras y defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; campañas de desprestigio, inicio de acciones judiciales; restricción de información en poder del Estado (¿Dónde queda la transparencia?); abusivos controles administrativos y financieros; e impunidad en relación a quienes son autores de estas violaciones, en un contexto en el que su labor no está debidamente reconocida ni valorada por las autoridades.

México ha sufrido en los últimos años el incremento de agresiones y ataques en contra de periodistas; el asesinato constituye el ataque más terminante y uno de los indicadores más ilustrativos de la violencia en que periodistas y comunicadores ejercen su trabajo. El sumario de homicidios de periodistas arroja una medición de la calidad democrática y el respeto al Estado de Derecho, con base en la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.

México ha manifestado apertura para la adquisición de compromisos internacionales relativos a la protección de periodistas y al establecimiento de un diálogo con la sociedad civil y buscar soluciones; Sin embargo, a pesar de las angustiosas cifras y agresiones consecuentes contra periodistas (reciente el caso del reportero muerto en Oaxaca) y de los múltiples señalamientos realizados por actores nacionales e internacionales, ¿el Estado mexicano garantiza al ejercicio de la libertad de prensa?

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