Exposición oral - texto argumentativo

EXPOSICIÓN ORAL                

Tarea 4.  Exposición oral - texto argumentativo

                                                  Cesar Ignacio Gutiérrez Estrada

Grupo #: 2005         Celular #: 3174322163

Tutora: Luz Berta Olmos Riveros.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Ingeniería Industrial

Competencias Comunicativas

Acacias 2021

Introducción

De acuerdo con la temática escogida, sobre la pena de muerte en Colombia, se realizan varias consultas bibliográficas donde se logra sacar ideas principales, sobre las explicaciones pertinentes para respaldar la idea general. En la cual se empieza tocando el tema de la muerte en Colombia, el cómo resulta ser un entierro para la mayoría de colombianos. De acuerdo esto se aborda la problemática y el conflicto en el país, donde se evidencia la vulneración de nuestra población civil y en particular los crímenes contra nuestros campesinos.         Donde ha dejado una serie de sucesos dolosos, y el como un proceso de paz no ha dado su primera sentencia a los victimarios. Además, se propone una pronta reestructuración a la misma donde tengan mayor compromiso para realizarlo.

La muerte no es solución es el fin.

¿Quizás en algún momento de la vida, te has preguntado el día de morir? ¿O que será de la vida después después que ya no estés? De pronto en otras oportunidades piensas que, si no existe Dios, nuestro paso por la tierra sea perdido, dado que las personas que conociste, amaste y todo cuanto viviste también morirá. O mejor no existió. Para empezar, en estos tiempos cuando se despide un difunto, las familias colombianas suelen recordar con aprecio a su ser querido, sin importar los errores que haya cometido en su paso por el mundo, al contrario, siempre es recordado por haber sido el mejor padre, el mejor hijo y el mejor amigo. Es así que la implementación de la pena de muerte en Colombia no soluciona los problemas, sino que aumentaría más problemas que soluciones.

   Nuestro país ha vivido terribles épocas de guerra, donde los más vulnerables han sido la población civil, ciertamente los campesinos vieron de cerca los vejámenes de esta sufriendo violaciones, torturas, secuestros y muerte, siendo esta ultima la acción más repetida por los grupos extremistas de nuestro país. Aun así, esta guerra irregular dejo consecuencias para la población y casi el país entero. Ya que vieron como sus máximos castigadores fueron indultados de todo aquello, con un proceso de paz firmado, donde el presidente Santos no escucho al pueblo que se pronunció en el famoso plebiscito, al ganar el No. Seguramente pensando en que quizás no se fuese a ganar el Nobel de la Paz y decidió darles impunidad a todo costo, donde hoy en día violadores como Carlos Lozada “Tornillo” Pablo Catatumbo y demás subversivos posan de honorables senadores de la república y foco moral para el pueblo. No sería viable si estos 2 tipos antes nombrados, fueran sentenciados a la pena de muerte ya que por sus actos seguramente muchas personas lo desearían así, pero nuestra Constitución de 1991 fundamentada en principios diferentes y teniendo como soberano al pueblo, en su artículo 11, capítulo (I), sobre derechos fundamentales, promulga: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Siendo esta una buena posibilidad para poder ver una justicia real en estos señores.  (Rojas Martinez, 2019)

Por otro lado, es importante destacar que Colombia, se encuentra en la línea de los Estados modernos, que no admiten la ley del talión, porque se considera la pena de muerte como una venganza encubierta que va en contra del derecho a la vida, que para el ordenamiento colombiano es un derecho fundamental. Dicho esto, las víctimas son eje y parte importante, para tener un proceso legitimo a la hora de impartir justicia, donde la primera posibilidad es la condenación del victimario a una pena ejemplar y que la víctima vea una oportuna respuesta de parte del estado, con lo cual se haría necesario que esta se diera para tener una justicia digna para todos. De la misma manera la justicia entraría en segunda instancia a una reparación económica de parte del victimario. (Netto, 2015)

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