FONDOS PUBLICOS

caso, el Directorio de COFIDE, conforme al artículo 22° de su Estatuto-, sino

también a todos aquellos que tengan competencia para adoptar decisiones que se

traduzcan en disposición sobre los mismos, capacidad legal de poder disponer de

ellos –en el sublite, el Ministro como titular del Sector artículo 3°, literal b), del

Reglamento de Organización y Funciones del MEF- y, por cierto, los funcionarios de

la OIOE-. Recuérdese que la decisión –que importó la disposición de recursos

públicos- la adoptó el acusado como Ministro de Estado en los marcos de su

actividad como titular del Sector Economía y Finanzas, que fue cumplida por los

funcionarios a su cargo, a su vez titulares de la OIOE y de COFIDE [el artículo 25°

de la Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo número 560, del veintinueve de

marzo de mil novecientos noventa, en esa línea, prescribe que corresponde al

Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, planear, dirigir y controlar las

políticas de la actividad empresarial financiera del Estado]. Se trató de una política

pública destinada a enfrentar un problema en el sector financiero, que involucró

recursos públicos y la intervención de varios funcionarios del Equipo Económico,

decisión que fue cumplida, en sus propios términos, por funcionarios públicos de su

Sector y, en especial, de la OIOE y de COFIDE.

Por lo demás, aún si se sigue la tesis estricta, que por cierto no es la posición de este

Tribunal, la conducta del acusado necesariamente estaría encuadrada dentro del

supuesto de instigación, pues conforme al artículo 24° del Código Penal determinó a

los Directores de COFIDE a una disposición de recursos públicos.

22°. El comportamiento típico del delito de malversación consiste en dar una

aplicación pública diferente y definitiva al dinero o bienes públicos. El resultado

típico que debe ocasionar es la afectación del servicio o función encomendada.

A. Comportamiento

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