GESTION TRIBUTARIA

La proliferación y multiplicidad de tratamientos atenuantes y exceptivos en nuestro sistema tributario ha llevado a quienes miran con ortodoxia la hacienda pública y las finanzas oficiales a criticar un sistema como el colombiano basado en tales regularizaciones casuísticas, que benefician sólo a ciertos sectores de la población y de las empresas, creando regresividad y complejidad en el sistema tributario general. A lo cual es menester agregar que aprovechar las situaciones que pueden favorecer al contribuyente, por antitécnicas y criticables que ellas sean, no es violar la ley. Acogerse a interpretaciones razonables de una norma, diferente a las que la DIAN acepta y aplica, no es fraude y en ningún caso puede generar sanción por inexactitud.

Si bien los contribuyentes (personas naturales y personas jurídicas) deben cumplir con su obligación constitucional de contribuir al erario público y a cofinanciar el presupuesto nacional (arts. 95 y 363 Constitución Política), no es menos cierto que “la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”. No existe obligación de tributar más allá de los límites que establece el mismo Estado en una normativa que no siempre es inteligente, coherente, consistente, comprensiva, comprensible e integral.

Igualmente, La determinación de los impuestos de las empresas y de los negocios requiere de un comportamiento permanente y vigilante que esté basado en un conocimiento profundo de la legislación tributaria, de la doctrina y de la jurisprudencia; en la asesoría adecuada en estas materias; en el análisis detallado de los estados financieros; y en la decisión (acompañada de acción) sobre optimización de los recursos tributarios disponibles.

Conocidos los antecedentes fiscales de la compañía y su situación tributaria actual, deben programarse el futuro mediato y el horizonte lejano. Echar mano de las situaciones que el legislador brinda (intencional o inconscientemente) de las cuales se deriva una atenuación del impacto tributario, es una actitud totalmente legítima frente al Estado y a las autoridades de impuestos, y corresponde al cumplimiento de los deberes que frente a la ley tienen los administradores de las compañías (básicamente, el de actuar como “un buen hombre de negocios”). Identificadas las oportunidades, deben estudiarse las fortalezas y debilidades que ellas brindan, y la posibilidad de direccionar las decisiones de la empresa hacia los nichos detectados, con el fin de utilizar todo el herramental que ofrecen las normas y los conceptos tributarios. Todas las decisiones de los administradores de la empresa (gerencia y junta directiva) deben articularse hacia la consecución de los mayores logros en cuanto a la eficiencia tributaria.

Aprovechar las oportunidades que brinda la normativa y acogerse a esquemas permitidos por la legislación que conllevan retornos impositivos, constituye un comportamiento que encuadra dentro del respeto de la legitimidad, que es productivo en términos económicos y financieros, y que no debe ser estigmatizado ni satanizado por no encuadrarse en el marco de otras posibilidades igualmente ortodoxas pero menos retributivas.

Ser creativo y constructivo no comporta ni fraude ni evasión; consiste en poner la ilustración al servicio del contribuyente, sin traspasar la frontera de la verdad material e instrumental. Se debe ser legalista, pero no fanático ni fundamentalista. Es un hecho bien conocido que el Estado (por medio del Congreso) ofrece oportunidades al contribuyente para mermar su carga fiscal, adoptando dos comportamientos: o de una manera intencional, en desarrollo de políticas tributarias sobre estímulos determinadas actividades, o por anarquía y desorden legislativos; o bien de manera inconsciente al producir disposiciones contradictorias o con vacíos.

Desde el punto de vista organizativo, la Gestión Tributaria es el conjunto de órganos de la administración pública encargados de la planeación, recaudación, control de los ingresos fiscales y, en general, de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes fiscales.

Dos son los elementos que determinan la organización de una Gestión Tributaria: sus funciones y su estructura. Las funciones corresponden a la forma en que opera sus actividades una organización y la estructura, la manera en que se distribuyen y vinculan las diversas unidades administrativas encargadas de ejecutar esas funciones. De acuerdo a la Real Academia Española, función quiere decir “...acción y ejercicio de un empleo, facultad u oficio”. Cuando hablamos de funciones, nos referimos a la manifestación externa de una determinada organización o persona. En el caso de una Administración Tributaria, se dirigen, como es lógico, al cumplimiento de su tarea principal, que es el de recaudar las contribuciones a que el Estado tiene derecho.

La Gestión Tributaria deberá estar encaminada a que las empresas puedan aprovechar las diversas opciones que en materia fiscal existen para contribuir de manera proporcional y equitativa dentro de un marco de auténtica legalidad.

Las leyes fiscales se tornan más complejas y cambiantes pues buscan precisamente, no quedarse a la zaga de los avances tecnológicos ni de la invención de nuevas figuras económicas que tienen que encontrar al amparo del principio de legalidad tributaria, una clara y específica regulación que permita la causación de contribuciones en casos específicos.

La Gestión Tributaria consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que han de orientarlo, las secuencias de tiempos y de números necesarios para su realización. En función de lo anterior se puede indicar que la Gestión Tributaria es un enfoque formal que consiste en la previsión y evaluación de los resultados de las decisiones administrativas de una empresa para un periodo determinado, en lo que se refiere a los distintos impuestos a que está afecta la misma, así como la forma de cálculo y pago de los mismos.

Independientemente de que una empresa aplique o no un programa de Administración fiscal, los aspectos tributarios y financieros van estrechamente relacionados, por lo que deben estar incluidos en un programa de planificación total a fin de coordinarlos de manera efectiva.

La estrategia tributaria es el plan de acción establecido, luego del análisis del entorno tributario de la empresa, para el logro de objetivos tales como el máximo aprovechamiento de los estímulos tributarios que la ley otorga, el menor pago en el monto de los tributos que

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