Garantias

Muchas son las aristas desde las que se puede analizar el caso Ayotzinapa. Yo lo haré a partir de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que se advierte sobre situaciones graves de violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano desde hace varios años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha conocido y resuelto, hasta ahora, ocho casos en los que se ha acusado al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos. En siete se le ha atribuido responsabilidad internacional; de ellos, cuatro tienen su origen en el estado de Guerrero: Radilla Pacheco(2009), Fernández Ortega y otros (2010), Cabrera García y Montiel Flores (2010) y Rosendo Cantú y otra (2010).

Todos se producen en un contexto de presencia militar, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada.

El caso Radilla Pacheco trata sobre la detención del señor Rosendo Radilla por parte de militares y su posterior desaparición, ocurrida en 1974; el caso de los señores Cabrera García y Montiel Flores se dio en 1999, a raíz de su ilegal detención por parte de militares, tortura durante varios días e indebido juzgamiento al violárseles diversas garantías judiciales. Los casos de las señoras Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas detenidas indebidamente por militares, tratan sobre abuso sexual y tortura, ambos ocurridos en 2002.

En todos los casos, la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos fue declarada por la Corte Interamericana. Entre las medidas que se impusieron al Estado mexicano están:

• Investigar los casos y llevar a cabo los procesos penales correspondientes

• Adoptar medidas legales pertinentes y acordes a estándares internacionales

• Capacitar a los servidores públicos, especialmente policía, militares, ministerios públicos y personal jurisdiccional en materia de derechos humanos

• Reconocer públicamente la responsabilidad del Estado

• Indemnización a las víctimas y a sus familiares, así como brindarles tratamiento médico y psicológico

El aparato gubernamental federal, en consecuencia, ha realizado algunas acciones a fin de reparar los daños a las víctimas y prevenir hechos similares.

Entre las principales destacan las medidas legislativas adoptadas, especialmente la modificación al artículo 1 Constitucional, el cual ahora establece obligaciones concretas para las autoridades en materia de derechos humanos; también se emitieron diversas leyes que protegen los derechos de mujeres, indígenas y otros grupos vulnerables.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho su parte al emitir criterios en los que obliga a los militares a someterse a la jurisdicción civil cuando se violen los derechos de estos, entre otros criterios relevantes emitidos recientemente.

En general, todas las dependencias de gobierno

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